Aliss Morán y Paola Escobar, exfiscales auxiliares de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fueron beneficiadas por una Sala de Apelaciones con arresto domiciliario luego de ocho meses de guardar prisión preventiva, ambas son señaladas por supuestamente haber ejercido presiones indebidas en contra del abogado Dennis Herrera Arita cuando estuvo vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020. La inasistencia del Ministerio Público (MP) a la audiencia en la cual se ejecutaría la orden causó que las procesadas sigan en la cárcel.
El juez tercero penal César Vásquez Xol tenía programado para el pasado martes 29 de agosto realizar la audiencia en la cual conocería la resolución de la referida judicatura; sin embargo, el fiscal Noé Nehemías Rivera, de la Fiscalía de Asuntos Internos, no asistió a la diligencia pese a haber sido notificado.
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SE EXCUSA
El MP presentó un memorial ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, por medio del cual Rivera se excusó de asistir a la diligencia.
Argumentó que no tenían otro fiscal disponible para que asistiera a la audiencia, según explicó la defensa de las exfuncionarias conformada por Cristina Alonso, Wendy López y Héctor Reyes.
De esa cuenta, el juez reprogramó la audiencia para el próximo 1 de septiembre.
EL CASO
El caso en contra de Morán y Escobar se derivó de una denuncia que fue interpuesta por Herrera Arita, quien las señaló por supuestamente haber ejercido presiones en su contra dentro del caso de Comisiones Paralelas 2020.
Las dos exfiscales auxiliares fueron capturadas dentro de una serie de casos que emprendió el MP, dirigido por María Consuelo Porras, contra operadores de justicia.
A la fecha suma una treintena de exoperadores de justicia a los que se busca criminalizar por su labor anticorrupción, según organizaciones internacionales.
DENUNCIANTE
Herrera Arita fue vinculado, junto con el exjuez Mynor Moto, en el caso Comisiones Paralelas 2020, por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, según la FECI.
De acuerdo con el MP, Moto y Herrera Arita se encuentran relacionados con la concertación de un grupo de personas, a fin de defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas Cortes.
Los indicios presentados por la FECI durante la investigación detallaron que Herrera Arita supuestamente sostenía comunicación telefónica y de mensajería instantánea con el empresario Gustavo Alejos, señalado de supuestamente interferir en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones; además, la Fiscalía señaló que Herrera Arita impulsó acciones contra los fiscales del caso.
