La defensa del periodista Jose Rubén Zamora, fundador del extinto diario elPeriódico, busca que un nuevo juez conozca el caso que se sigue en su contra por el supuesto delito de obstrucción de justicia. Así se indicó el pasado martes 8 de agosto previo al inicio de la audiencia en la cual se discutiría la acusación del proceso.
De esa cuenta, Zamora recusó al juez décimo penal B, Jimi Bremer, por considerar que ya emitió opinión en el caso.
El juez fue sancionado de manera reciente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, al incluirlo en la Lista Engel y señalarlo como un supuesto «actor corrupto y antidemocrático» por “autorizar cargos penales con motivos políticos contra periodistas”.
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EL MOTIVO
Según la petición, la defensa del periodista indicó que el juzgador ya dictó sentencias por la aceptación de cargos de otros involucrados en el caso, entre quienes figura la exgerente financiera de elPeriódico y dos abogados de Zamora.
Según las investigaciones, el señalado y otras personas habrían tratado de desviar una investigación que se desarrollaba en su contra, por supuestamente ocultar el origen de Q700 mil.
Bremer rechazó la recusación, pero ordenó el traslado del expediente a una Sala de Apelaciones, para que allí se decida si el caso debe seguir en su despacho o enviarlo a otro juzgador.
De esa cuenta, se desconoce en qué fecha se discutirá la acusación en contra de Zamora, debido a que antes debe establecerse qué juez tendrá que desarrollar la diligencia.
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EL CASO
En febrero pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló a Zamora por un nuevo caso, con el cual sumó dos procesos penales.
En este último se le imputó por supuestamente haber tratado de obstruir a la justicia junto a sus abogados y la exgerente financiero del diario.
Dentro del mismo proceso, el 12 de junio último, la FECI solicitó agregar el delito de uso de documentos falsificados a Zamora.
La pesquisa señala que el periodista supuestamente puso en boletas de viaje al extranjero una firma que no corresponde a la suya. Se creyó que se trataba del tercer caso en su contra, pero Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, indicó que estos hechos forman parte del segundo proceso.
Tanto el comunicador como organizaciones nacionales e internacionales coinciden al señalar que su detención se debió a una persecución política, derivada de las críticas que desde su periódico dirigía al gobierno.
