Una solicitud de retiro de antejuicio en contra del juez séptimo penal A, Fredy Orellana, que planteó el grupo de abogados Transparencia y Cambio, fue designado por sorteo al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal A, que dirige Víctor Cruz, un juez que ha sido blanco de señalamientos y cuestionamientos.
La Hora conoció que dicha judicatura pretende dilatar el trámite de la petición, para proteger a Orellana.
Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), por medio de un proceso de sorteo, designó la querella que los profesionales del derecho interpusieron el pasado viernes 14 de julio en contra de Orellana. De esa cuenta, el juez Víctor Cruz tiene a su cargo el antejuicio.
El juez Cruz es conocido por haber cerrado el proceso penal en contra de Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y fue protegido por la Corte de Constitucionalidad (CC) para mantener su inmunidad y no ser investigado por resoluciones arbitrarias en el caso denominado “Subordinación de Poderes”.
JUEZ BUSCA RETRASAR PROCESO
De acuerdo con la Ley en Materia de Antejuicio, un juzgado no tiene la facultad de decidir si un juez debe ser investigado. Por lo tanto, el juez Cruz, al recibir el expediente, debe inhibirse de conocer la solicitud de antejuicio y remitirla a la CSJ para que esa instancia decida si se le da trámite o no.
La Hora recibió información de una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato, que da cuenta de que Cruz tardará en trasladar el caso a la CSJ con el fin de dilatar el trámite del expediente, el cual se identifica con el número 01070-2023-263.
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SANCIONADOS POR EE. UU.
Orellana es el juez guatemalteco que de manera reciente ingresó a la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalado y sancionado como un supuesto actor antidemocrático de Guatemala.
Cruz también integra esa nómina. Fue incluido el 20 de julio de 2022, junto a Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y otros funcionarios y dignatarios guatemaltecos.
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CASOS DE ORELLANA
Orellana estuvo a cargo del caso contra el periodista José Rubén Zamora y la exauxiliar fiscal Samari Gómez durante 2022.
También solicitó la extradición de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por el caso Zamora.
Es vinculado a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización señalada de perseguir a operadores de justicia que lucharon contra la corrupción.
JUEZ CUESTIONADO
Cruz cerró el proceso penal en contra de Stalling. Con esa resolución, la magistrada no enfrentó un juicio por la denuncia que hizo en su contra el juez Carlos Ruano en 2017, por el delito de tráfico de influencias, tras intentar convencerlo de otorgarle una medida sustitutiva a su hijo Otto Molina Stalling.
Asimismo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando la dirigía Juan Francisco Sandoval, presentó una solicitud de antejuicio en 2019 contra Cruz por prevaricato.
La pesquisa se basaba en una resolución del juez en el caso Subordinación de Poderes, por haber invalidado varios elementos de la investigación. El juez fue protegido por la CSJ y la CC, que rechazaron la solicitud.
En 2019, en el gobierno de Jimmy Morales, Cruz giró una orden de captura en contra de la exfiscal general Thelma Aldana. Después de dicha orden, se supo que el juez recibió un vehículo blindado por parte del Ministerio de Gobernación y que tenía protección de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad (SAAS) de la Presidencia.
Con la llegada de Porras al frente del MP, se anunció que se iniciaría una investigación por supuestos sobornos, pero nunca se presentó un caso.
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LA DENUNCIA
El viernes 14 de julio, el grupo de abogados denominado Transparencia y Cambio solicitó en Gestión Penal de Torre de Tribunales el retiro del derecho de antejuicio del juez Fredy Orellana, quien ordenó la suspensión de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla, una resolución que aún genera acciones judiciales y jornadas de protestas.
Los profesionales del derecho pidieron que a Orellana se le retire la inmunidad por el delito de anticipación de funciones públicas, pues aseguran que no juró fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala al momento de asumir el cargo.
Según los juristas, cuando Orellana asumió, no quedó registrado en acta que haya jurado lealtad a la Carta Magna, como debe hacerlo un juez.
“Es un juez que irrespeta la Constitución, no juró lealtad a la Constitución y por ende tampoco cumple los requisitos mínimos para ser un juez. Esto no lo digo yo, eso está en el reglamento de la ley de aquí, de la Carrera de Servicio Judicial”, refirió uno de los abogados.
