En un audio filtrado por cuentas de Twitter vinculadas a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), durante una audiencia celebrada por la jueza noveno penal, Marjorie Azpurú Villela, se escucha a la jurista asegurar que dicha organización ha salido en “defensa del sector justicia denunciando actos de corrupción”.
Las declaraciones de la juzgadora fueron vertidas en una de las diligencias del caso que se sigue en contra del fiscal Stuardo Campo y tres auxiliares fiscales, quienes fueron detenidos por una denuncia interpuesta por la FCT.
En ese caso, la FCT recusó a la jueza para que no conociera la primera declaración del personal del Ministerio Público (MP) que fue detenido. En el recurso legal se reclamó que ella fue esposa de Juan Francisco Solórzano Foppa, quien laboró en la Fiscalía y también fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
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De esa cuenta, la organización dudó de la imparcialidad de la funcionaria judicial, derivado de la relación que había mantenido con Solórzano Foppa, y el puesto que este desempeñó en el MP. En ese sentido, se consideró que Azpurú podría beneficiar a los señalados con quienes tendría algún grado de amistad.
Otro hecho fue la denuncia que la FCT presentó en contra de la jueza, quien les otorgó medidas sustitutivas a los fiscales antes de haber desarrollado la audiencia de primera declaración. Y a esto se sumó una serie de publicaciones de cuentas vinculadas a la Fundación en contra de la funcionaria.
AZPURÚ Y SUS “FLORES” PARA LA FCT
En la grabación publicada, que dura 56 segundos, se escucha a Azpurú asegurar en la audiencia que no fue esposa de Solórzano Foppa, con lo cual desvaneció los argumentos de la FCT. Sin embargo, explicó que tuvo una relación sentimental por más de un año con él.
Asimismo, aprovechó para destacar su simpatía con el trabajo que realiza la referida fundación, dirigida por Ricardo Méndez-Ruiz y representada por el abogado Raúl Falla Ovalle, ambos sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a quienes se incluyó en una lista como supuestos “actores antidemocráticos y corruptos”.
#Audio | Jueza MARJORIE RENÉ AZPURU VILLELA al resolver recusación indicó que:
– Sí tuvo relación sentimental con @foppaguate pero actualmente No le importa si está desaparecido, preso o muerto.
– Admira a la @FCTGuatemala por su labor.
– Y que extraña a la CICIG.
— Eriol (@Eriol_Gt) June 7, 2023
“Yo no tengo ningún tipo de enemistad con la Fundación contra el Terrorismo”, fueron las palabras con las que inició la intervención de Azpurú.
Además, comparó la labor de la FCT con la realizada por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una oficina que trabajó en conjunto con la antigua administración del MP, y que dieron a conocer varios casos de corrupción.
“Me parece muy bien lo que hace, porque después de que se fue la CICIG todo el sistema de justicia nos quedamos en estado de indefensión”, aseguró, y también agradeció a la FCT “por defender el sector justicia”, y subrayó que “ya no hay quien señale actos de corrupción”.
AZPURÚ EN LUGAR DE LUNA
Las órdenes de captura en contra de los fiscales fueron giradas por el juez Guillermo Luna, quien no se encontraba en su despacho el día que fueron ejecutadas, es decir, el 26 de mayo último.
En sustitución de él, Azpurú fue quien informó de los motivos de su captura a los trabajadores del MP, y decidió beneficiarlos al enviarlos a su casa para esperar que fueran citados para rendir su primera declaración.
Cuando Luna tuvo el expediente, la jueza dejó de conocer las diligencias del caso, por lo cual la recusación en su contra quedó sin efecto.
“Las flores” de la jueza Azpurú a la Fundación contra el Terrorismo
👉 https://t.co/kpvjH0Ndhj pic.twitter.com/aeEojZf3bN
— Diario La Hora (@lahoragt) June 12, 2023
SOBRE LA FCT
La FCT nació a la vida jurídica en 2013, después de las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Gobernación, las cuales se extendieron cerca de un año.
Sin embargo, fue en 2010 cuando Méndez-Ruiz y el abogado Moisés Galindo, vinculado con posterioridad al caso Caja de Pandora, comenzaron a planificar la creación de la organización.
Su presidente salió a la vida pública en noviembre de 2012, cuando denunció ante el MP a 26 personas, de quienes buscaba fueran investigados por haber integrado grupos guerrilleros.
El propósito inicial de la FCT era apoyar a militares en situación de retiro, muchos de ellos ocuparon altos cargos en las fuerzas castrenses, quienes eran sospechosos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Conflicto Armado Interno, entre ellos el jefe de Estado de facto, José Efraín Ríos Montt, fallecido en 2018.
Con la expulsión de la CICIG por orden del expresidente Jimmy Morales, las denuncias, amparos, y otras acciones legales, así como la figura de la FCT, comenzaron a tener relevancia. Organizaciones civiles la denominan como una organización paraestatal que opera en contra de funcionarios y periodistas.
Dicha fundación gestiona casos en contra de jueces, fiscales y periodistas. Actualmente, algunos de los funcionarios del sector justicia se encuentran en el exilio derivado de señalamientos de la FCT que se siguen en su contra ante el MP.
