La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) en un comunicado, manifestó su preocupación por el inicio de una investigación penal en contra de periodistas del extinto diario elPeriódico. Por su parte, el Ministerio Público (MP) dijo que con la pesquisa cumple su mandato.
En la cuenta oficial de Twitter de la RELE, una dependencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamó al Estado de Guatemala a “abstenerse de utilizar procesos penales contra periodistas y/o medios de comunicación por hechos relacionados con su labor”.
También advirtió sobre reportes de autocensura en la prensa guatemalteca.
#Guatemala 🇬🇹
Para la @RELE_CIDH, el simple hecho de abrir una investigación penal contra la prensa a raíz de diversas publicaciones de interés público tiene consecuencias severas para el derecho de las y los reporteros a informar, y el derecho a la sociedad a estar informada.
👇🏾 https://t.co/QqV3hhJlmY— Pedro Vaca V. (@PVacaV) June 8, 2023
ANÁLISIS DE LA RELE
El 28 de febrero pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó a un juez que investigue a ocho personas, seis periodistas y dos columnistas, por su cobertura informativa sobre el proceso penal que se sigue en contra del periodista José Rubén Zamora, fundador y presidente de elPeriódico.
La fiscalía argumentó que dichos artículos periodísticos tendrían «presumiblemente como objeto atacar la esfera personal de los operadores de justicia» relacionados con el caso de Zamora, con lo cual se podría incurrir en la posible comisión del delito de obstaculización a la justicia.
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De esa cuenta, la RELE ve con preocupación que el Estado guatemalteco, a través del MP, presuma que la cobertura periodística sobre temas trascendentales para la vida democrática del país pueda configurar el referido hecho ilícito.
“Para la Relatoría, el simple hecho de abrir una investigación penal contra la prensa a raíz de diversas publicaciones de interés público tiene consecuencias severas para el derecho de las y los reporteros a informar, y el derecho de la sociedad a estar informada”, sostiene en un comunicado.
La nota recordó que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a restricciones”, pero aseguró que “estas deben cumplir con estrictos requisitos para ser legítimas”.
VEN UN DETERIORO DE GARANTÍAS A LA PRENSA
La RELE resaltó que estos hechos se enmarcan en un contexto de deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Guatemala, en el cual al menos seis periodistas habrían salido forzosamente del país.
Además, afirmó que recibió reportes sobre el incremento de autocensura entre los periodistas, “quienes por temor a ser blanco de denuncias penales evitan dar cobertura a asuntos sustanciales en una democracia, como los procesos judiciales que involucran a figuras de notoriedad pública”.
Finalmente, llamó al Estado a garantizar que toda investigación penal en contra de periodistas se desarrolle conforme a estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
POSTURA DEL MP
En respuesta al Tweet de la RELE, la Fiscalía indicó en la referida red social que la ley le obliga a investigar las denuncias.
“El MP actúa de conformidad con su mandato legal, el cual establece que debe velar por el estricto cumplimiento de la ley”, se lee.
Además, dijo que su labor consiste en establecer la veracidad de los hechos que son denunciados ante esa instancia.
“Una investigación tiene como fin averiguar la verdad histórica de los hechos para que sea un juez quien resuelva conforme a la ley”, se indicó.
La Hora también se comunicó con el órgano encargado de la persecución penal para profundizar en su postura por el comunicado de la Relatoría; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
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