Para este día se tenía programada la audiencia de anticipo de prueba en la cual tres sindicados declararían bajo la figura de colaboradores eficaces en el caso Cooptación del Estado; sin embargo, la diligencia quedó suspendida derivado que abogados y procesados no asistieron a la misma.
La audiencia tomó lugar en la megasala del Organismo Judicial (OJ), puesto que en la referida carpeta judicial constan más de 50 sospechosos de conformar una presunta estructura criminal que tenía cooptadas a varias instituciones claves del Estado.
LOS TRES COLABORADORES EFICACES QUE PODRÍAN PERDER BENEFICIOS
La exsecretaria de Juan Carlos Monzón, Íngrid Marisol Dávila Álvarez; un presunto testaferro y administrador de la estructura; Víctor Hugo Hernández y María del Carmen Palencia Espinosa son los tres colaboradores que están pendientes de declarar.
Los tres son sindicados en el referido caso; sin embargo, en 2018 quedó en firme su participación como colaboradores eficaces conocidos como “arrepentidos” en otros países, cumplen justamente con la labor de colaborar con el sistema de justicia, aportando datos e información que conducen a las evidencias con mayor valor probatorio.
Además, al momento de ser hallados culpables pueden ser beneficiados con la reducción de la condena, entre otros. No obstante, deben de rendir la declaración testimonial frente a un Juzgado, en este caso el de Mayor Riesgo B, para que sea considerado el beneficio.
Sin embargo, este día quedó suspendida la audiencia y el próximo 2 de mayo la jueza Eva Recinos iniciará la etapa intermedia, en donde decidirá si los más de 50 procesados deben ir a juicio o cerrar el proceso. Antes que inicie esta última fase, el Juzgado debe escuchar a los tres colaboradores, de lo contrario perderán los beneficios ya mencionados.
Para este día se tiene programada la audiencia de anticipo de prueba en el caso Cooptación del Estado. Los sindicados ingresan a la sala, entre ellos: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 19, 2023
MP DEBERÁ SOLICITAR AUDIENCIA DE NUEVA CUENTA
La jueza Recinos indicó que seguirá con lo programado anteriormente por el juez suplente Rudy Bautista, quien fijó audiencia de etapa intermedia para el próximo 2 de mayo. Esto luego que los abogados de los sospechosos se opusieran a una solicitud de la FECI.
La fiscal Leslie Rosales, de la FECI, solicitó a la jueza que en vez de iniciarse el 2 de mayo dicha etapa procesal, se conociera la audiencia de anticipo de prueba; a lo que la mayoría de litigantes se opuso.
De esa cuenta, Recinos indicó a la fiscal Rosales que el MP deberá encargarse de ello. Por lo que antes de la referida fecha la FECI debe enviar un memorial solicitando la celebración de esa audiencia.
LOS BENEFICIOS
Cabe destacar que su aceptación de culpabilidad por formar parte de las mafias y su colaboración no son suficientes para recobrar su libertad, pero la ley sí establece beneficios considerables que ayudan a mejorar su situación.
Los colaboradores tendrán el beneficio de criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, de acuerdo con la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
La normativa establece que durante el debate oral y público -mejor conocido como juicio- y hasta antes de dictar sentencia, pueden otorgar el sobreseimiento para los cómplices o la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse lo ordenado por el juez.
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Por último, ofrece la libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.
EL CASO
A raíz de las investigaciones del caso La Línea, originó el caso conocido como Cooptación del Estado, en el cual se evidenció la existencia de una estructura criminal que tenía cooptadas a varias instituciones claves del Estado.
Dentro de esta carpeta judicial existen los denominados eventos, entre ellos: La Coperacha, Registro de la Información Catastral (RIC), Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades). Los cuales se vieron involucrados y pertenecen a la referida cooptación.
De esa cuenta, la FECI a cargo de Juan Francisco Sandoval y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) asegura que dicha estructura estuvo liderada por el entonces presidente de la república, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti durante 2012 y 2015.
Se presume que en ese período diversos funcionarios recibieron una suma estimada de alrededor de Q500 millones por comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de 70 contratos en diversas instituciones del Estado.
