Tanto la jueza de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, Carmen Lucía Acú Recinos, y la fiscal del Ministerio Público (MP), Judith Esperanza Villagrán Muñoz, mantienen la narrativa en contra de la prensa por publicaciones en medios de comunicación relacionadas a procesos penales de interés público.
Según el criterio de ambas, la prensa “obstaculiza la averiguación de la verdad” mediante los trabajos periodísticos publicados en relación del segundo caso que se sigue en contra de Virginia Laparra, quien es procesada por acciones que habría efectuado cuando fue jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango.
Lo anterior fue expresado por las funcionarias del sistema de justicia durante una audiencia, en la cual la defensa de Laparra solicitó el cambio de la medida de coerción que mantiene, de prisión preventiva, por arresto domiciliario. La jueza rechazó la petición bajo los argumentos anteriores.
En este proceso Laparra es señalada de revelación de información confidencial, hecho que habría ocurrido en 2017 cuando encabezaba la FECI en dicho departamento. Organizaciones internacionales aseguran que se trata de una persecución política en contra de la exfiscal por su labor anticorrupción. Amnistía Internacional (AI) la declaró como “presa de conciencia” el 28 de noviembre de 2022.
JUEZA Y FISCAL SE SUBEN A LA OLA CONTRA LA PRENSA
Acú Recinos fue recusada por Laparra, quien considera que la jueza no es imparcial en el caso que se sigue en su contra y por lo cual busca que deje de conocer el proceso.
El recurso legal se fundamenta en que las resoluciones de la juzgadora “estaban beneficiando únicamente al denunciante, Lesther Castellanos, y a los querellantes adhesivos”, según declaraciones de la exfiscal.
La jueza y Castellanos fueron compañeros de trabajo, debido a que ambos desempeñaban sus funciones laborales en el Organismo Judicial (OJ) en el referido departamento altense.
Sin embargo, Acú Recinos negó tener algún tipo de relación con el denunciante o de favorecerlo, por lo cual rechazó la recusación y continuó conociendo el caso. El pasado 3 de enero declaró una reserva de 10 días para el proceso, por solicitud del MP, con la intención de que no se publicaran notas periodísticas al respecto.
También consideró que con la labor de los medios de comunicación se “vulneran los derechos de los detenidos y tergiversan la información”.
El artículo 68 del Código Procesal Penal establece que “producida la inhibitoria o planteada la recusación, el juez no podrá practicar acto alguno, salvo aquéllos urgentes que no admitan dilación y que, según las circunstancias, no puedan ser llevados a cabo por el reemplazante”.
Pese a que la juzgadora rechazó la recusación, debe trasladar el caso y el señalamiento en su contra a una Sala de Apelaciones, la cual resolverá y si este recurso es aceptado o no.
Si se accede a lo manifestado por quien plantó la recusación, el caso se traslada a otro juez que continúa con el proceso.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 12, 2023
FISCAL SEÑALA OBSTACULIZACIÓN A LA ACCIÓN PENAL
El pasado martes 11 de abril, Villagrán Múñoz aseguró que existe una “obstaculización a la averiguación de la verdad” y dijo que de esa cuenta Laparra no puede ser beneficiada con arresto domiciliario y abandonar la prisión preventiva que mantiene desde hace 13 meses en la Brigada Militar Mariscal Zabala, en la capital.
“Solo hago mención que entre el día de anteayer y el día de hoy a la presente hora, se encuentran en la plataforma de Twitter más de 30 publicaciones que motivan, señora juez, el apoyo a la señora Virginia Laparra por estar precisamente, según las páginas de diferentes medios de comunicación, injustamente aprehendida”, sostuvo.
En esa línea, la fiscal enfatizó en que la audiencia estaba siendo transmitida por un medio de comunicación, bajo “el derecho de la publicidad, el cual nadie quita”, sostuvo, pero advirtió “la posible manipulación del caso que pudiera existir” por la cobertura que se le daba a la diligencia.
JUEZA DICE QUE SE HA TERGIVERSADO LA INFORMACIÓN PUBLICADA
Tras las argumentaciones del ente investigador y otras partes procesales, la jueza destacó que se debe “dar la verdad y no tergiversar la misma”, como se ha hecho en muchas ocasiones, según su criterio.
“Y no solo se manifiesta por parte de los medios de comunicación, sino que se han visto evidentemente esas actitudes en contra de aparatos de justicia, si bien es cierto que las decisiones de un órgano jurisdiccional no son acordes a los intereses de determinadas partes”, aseveró.
La jueza enfatizó que “no se litiga mediante indicaciones e insinuaciones en contra del aparato judicial”. De esa cuenta, Acú Ricinos determinó que prevalece un “peligro de fuga y obstaculización de la verdad” por parte de Virginia Laparra y rechazó su solicitud de permanecer bajo arresto domiciliario.
EN OTRO CASO, JUEZ ORDENÓ INVESTIGAR A PERIODISTAS
En la misma línea, el pasado 28 de febrero, el juez Jimi Bremer ordenó investigar a periodistas y columnistas vinculados al diario elPeriódico, a solicitud de la FECI en la capital que se quejó de las publicaciones realizadas sobre el caso de supuesto lavado de dinero que se sigue en contra de José Rubén Zamora, fundador y presidente de dicho medio.
La petición fue realizada por la fiscal Cinthia Monterroso, quien señaló al grupo de comunicadores de supuestamente formar un “andamiaje de desinformación” desde elPeriódico, por las publicaciones que hicieron sobre los casos que se siguen en contra de Zamora.
Monterroso rechazó las publicaciones y las calificó como “mentiras”, según sus palabras.
Luego de la petición del MP, el juez se pronunció y enfatizó que es necesario investigar los hechos que fueron descritos por Monterroso.
“Si se está afectando maliciosamente a fiscales, operadores de justicia, jueces, magistrados o diputados, o cualquier otra persona que pueda ser sujeto procesal de una causa que se investigue”, dijo Bremer.
ORGANIZACIONES RECHAZAN CENSURA A LA PRENSA
Dicha resolución causó rechazó a nivel nacional e internacional por parte de organizaciones que velan por los derechos humanos y la libertad de prensa. Aseguraron que mediante una orden de investigar a periodistas se busca “silenciar el trabajo de los medios de comunicación”.
En un comunicado del 9 de marzo último, varias organizaciones internacionales se pronunciaron respecto a la investigación contra periodistas de elPeriódico, por lo cual solicitaron a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) visitar el país para constatar las graves violaciones a la libertad de prensa.
Las organizaciones que firmaron fueron American Jewish World Service, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Fundación para el Debido Proceso, Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Impunity Watch, Article 19, Latin America Working Group, Robert F. Kennedy Human Rights, Actuando Juntas Guatemala, The Washington Office on Latin America (WOLA) y Be Just.
