El Tribunal de Mayor Riesgo B aceptó la solicitud del expresidente Otto Pérez Molina para reducir el monto de una millonaria fianza que le fue otorgada en noviembre de 2021, como parte de una serie de medidas sustitutivas, la cual le garantizaba salir de prisión mientras se desarrollaba el Caso La Línea. La misma judicatura condenó de manera reciente al exmandatario, pero ordenó que las medidas anteriores al fallo se mantuvieran hasta que este causará firmeza.
El abogado César Calderón, defensor del exmandatario, argumentó que su cliente no tiene el dinero suficiente para pagar los más de Q13 millones de la fianza que le fue concedida. “Las cuentas (bancarias) están embargadas, sus bienes inmuebles fueron extinguidos al igual que los de su esposa”, refirió.
Ambos fueron condenados a cumplir penas de prisión de 16 años por el caso La Línea. 👇 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/9rPE7qoRkq
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Más de cuatro horas duró la audiencia. En ese tiempo, el Tribunal escuchó las argumentaciones de todas las partes procesales y determinó acceder a la petición del exdignatario, rebajando más de Q3 millones. Por lo tanto, el exmandatario deberá pagar Q10 millones para recobrar su libertad.
En julio pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación planteada por Pérez Molina con la que buscaba disminuir el monto de la fianza. También se declaró como improcedente una impugnación del Ministerio Público (MP) con la que se intentó anular la medida sustitutiva.
EL CASO LA LÍNEA
El Caso La Línea es un proceso judicial revelado por el MP con apoyo de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El pasado miércoles 7 de diciembre, el exbinomio presidencial integrado por Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti fue condenado a 16 años de prisión inconmutable por lavado de dinero y complicidad para cometer cohecho pasivo.
Se estableció la existencia de una estructura de defraudación aduanera que establecía contacto con importadores. Mediante una red de corrupción se facilitaba el pago de menos impuestos a cambio de una comisión ilegal.
La PGN solicitó que el binomio presidencial pague por los daños causados al Estado por medio de la estructura criminal conocida como “La Línea”. Entérate aquí 👇 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/6IuB5zEqIW
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En la estructura fueron acusadas y procesadas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La investigación se desarrolló en ocho meses. Incluyó seguimiento y vigilancia de los integrantes de la estructura y 66 mil sesiones de interceptación telefónica. Asimismo, 6 mil comunicaciones electrónicas, cotejo y análisis de documentos por expertos financieros, de acuerdo con las autoridades.
