Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue beneficiado con arresto domiciliario por el juez suplente Rudy Eleazar Bautista, asignado al Juzgado de Mayor Riesgo B, para conocer el denominado caso Cooptación del Estado.
El juzgador le impuso al extitular del Seguro Social arraigo, la prohibición de hablar con otros involucrados en el proceso y el pago de una caución económica de Q50 mil, como parte de las medidas sustitutivas que solicitó.
Pérez y Baldetti dicen ser inocentes; exvicepresidenta se apoya en netcenter👉 [https://t.co/jxkknIlEMX] pic.twitter.com/yhuZglPTvO
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De esa cuenta, a Rodríguez le fue sustituida la medida de coerción que se le había impuesto al inicio del caso, la cual consistía en prisión preventiva.
Bautista otorgó el beneficio al expresidente del IGSS después de siete años en los cuales este buscó la medida con el exjuez Miguel Ángel Gálvez.
FAVORECIDO EN TRES OCASIONES
En 2020, Rodríguez también fue beneficiado con arresto domiciliario por el caso IGSS-Ambulancias, relacionado con tres eventos de supuesta corrupción en el Seguro Social: la compra de 50 ambulancias, el arrendamiento de un edificio y la instalación del sistema SAP.
Además, de manera reciente la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la anulación de la sentencia condenatoria que en su contra impuso el Tribunal Undécimo Penal por el caso IGSS-PISA.
La Corte de Constitucional confirmó la resolución de María Consuelo Porras. 👇 https://t.co/eNh8iTTw97
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CASO COOPTACIÓN DEL ESTADO
A Rodríguez se le señala dentro del caso Cooptación del Estado por su presunta participación en una estructura criminal la cual dominaba varias instituciones del Estado, entre ellas el IGSS.
En la investigación participó la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y nació de las averiguaciones del Caso La Línea, entre 2012 y 2015.
En esta carpeta judicial también figuran personajes como el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, por supuestamente haber recibido unos Q500 millones por comisiones ilícitas en la adjudicación de 70 contratos.
