La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el fallo que emitió el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal en el caso IGSS-Pisa, y revirtió las condenas que dictó la referida judicatura.
Así lo confirmó Vinicio García Pimentel, abogado defensor de Julio Roberto Suárez Guerra, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat), quien dijo que el máximo tribunal constitucional ya le notificó su decisión.
“El viernes pasado (25 de noviembre) el tribunal constitucional nos notificó a todos los sujetos procesales que denegaba los amparos que presentaron los denunciantes y querellantes adhesivos”, dijo.
Las entidades que figuran en la parte acusadora del caso fueron el Ministerio Público (MP), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
“En ese sentido, la sentencia absolutoria tiene absoluta certeza”, aseguró el litigante.
SIN MÁS RECURSOS
García Pimentel también indicó que ya no hay marcha atrás en el caso, por la decisión que fue tomada por la CC, pues aseguró que ya no existen recursos legales para interponer.
“Absolutamente no, con excepción del recurso de aclaración y ampliación. Pero eso solo puede modificar cuestiones de forma y el fondo ya no”.
La Hora buscó establecer si el MP ya fue notificado de la resolución de la máxima corte, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta de la entidad.
LOS BENEFICIADOS
En el juicio fueron acusados los exdirectivos del IGSS. Todos ellos fueron condenados a 6 años y 3 meses de cárcel. Ellos son:
Julio Roberto Suárez Guerra, expresidente del Banguat.
Julia Amparo Lotán Garzona, exrepresentante del sector laboral.
Max Erwin Quirin Schoder, exrepresentante del sector patronal.
Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente.
Los otros beneficiados son:
Mayra Lissbeth Gómez Suárez, exintegrante junta de licitación.
Alba Maritza Maldonado Gamboa, exintegrante junta de licitación.
Delia Haydee Castañón Guerra, exintegrante junta de licitación.
Carmen Yadira Gil Quiñónez, exintegrante junta de licitación.
Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS
Por cobro ilegal de comisiones: Otto Fernando Molina Stalling, hijo de Blanca Stalling, magistrada de la CSJ y detenida por supuestamente haber ejercido presión en un juez que conoció este proceso. Ella fue reinstalada en la referida corte al ser beneficiada con el cierre del caso en su contra.
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 1, 2022
LA RUTA PARA LOGRAR ABSOLUCIÓN
En septiembre de 2018, el Tribunal Undécimo Penal condenó a 12 acusados en el caso IGSS-Pisa y absolvió a otras nueve personas.
Por el caso se investigó un supuesto fraude millonario por la atención a los enfermos renales en el IGSS.
En julio de 2019, la Sala Tercera de Apelaciones dio el primer golpe a la sentencia condenatoria en contra de 12 procesados. Los magistrados aseguraron que por errores del Tribunal se revocó la sentencia.
La tercera instancia que resolvió en favor de los implicados en el caso fue la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que confirmó la revocación de la sentencia que condenaba a exdirectivos del IGSS.
De esa forma, lo resuelto por la CSJ se elevó a la CC por impugnaciones de la parte acusadora.
Esta Corte tiene el mayor rango y decisión en el sistema jurídico nacional, y confirmó la última resolución a favor de las 12 personas que fueron condenadas.
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 1, 2022
EL CASO IGSS-PISA
La investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) estableció que los señalados en el caso permitieron la contratación de la Droguería Pisa para brindar el servicio de diálisis en el IGSS a pacientes que tenían enfermedad crónica renal, sin contar con la capacidad para hacerlo.
Además, detalladamente el ente investigador señaló que a “los integrantes de la Junta Directiva se les acusó de nombrar a los miembros de la junta de licitación, quienes no eran idóneos ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal”.
Mientras que a los de la junta de licitación se les acusó de “autorizar, en forma irregular, que la Droguería Pisa de Guatemala, S.A., continuara en el proceso de licitación, pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias como: recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario”, subrayaron las autoridades.
En tanto que “a las personas particulares se les acusó de integrar un grupo estructurado para cometer delitos contra la administración pública, con el ánimo de obtener beneficios ilícitos en procesos de licitación de servicios médicos del IGSS”.
También indicaron que hubo un grupo delictivo que se benefició de forma ilegal de la administración pública por la contratación de servicios para la remodelación de instalaciones del IGSS en Chiquimula.
En este proceso fallecieron en prisión los médicos Jesús Oliva, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), y Erwin Castañeda.
