La abogada Ileana Patricia Rendón Llarena, quien asiste a Lesther Castellanos, relator contra la Tortura en Guatemala, en el juicio contra la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, es subordinada de su patrocinado en la referida oficina.
Ante ese hecho, La Hora les preguntó tanto a Rendón Llarena como a Castellanos si consideran ético y correcto que un funcionario utilice de manera particular los servicios de un empleado público de la entidad que dirige.
Según la nómina ordinaria del personal de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT), elaborada por la Dirección de Recursos Humanos, la profesional del derecho tiene un contrato bajo renglón 029 en la institución.
De acuerdo con el reporte que figura en el sitio web de la OPT, correspondiente al mes de agosto pasado, ese mes Rendón Llarena devengó Q11 mil 400, lo cual se acreditó con la entrega de una factura bajo el concepto de “servicios profesionales”.
SIN IMPEDIMENTO
Castellanos respondió a La Hora acerca de la relación laboral que sostiene con la abogada en la OPT y de la representación que ella hace de él en el juicio, a lo cual dijo: “No hay ningún impedimento”.
Agregó que la situación: “Está entre las normas legales y éticas. Todos lo hacen, es normal”, aseguró el relator.
Mientras que Rendón Llarena afirmó: “Yo, como abogada, tengo la independencia para ejercer mi profesión”.
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 1, 2022
CUESTIONAMIENTO
A través de las redes sociales se hizo pública la relación laboral entre Castellanos y Rendón Llarena, en la cual el relator ocupa un puesto superior en el orden jerárquico.
Usuarios de las referidas plataformas digitales cuestionaron la situación y manifestaron que en el caso ocurre una representación que riñe con la ética.
De esa cuenta, la abogada manifestó su rechazo a los señalamientos y dijo: “Considero que los señalamientos son antiéticos”.
En tanto, Castellanos expresó que: “Si un hombre está publicando eso, le está impidiendo ejercer su profesión (a la abogada). Es violencia económica contra la mujer”.
CASTELLANOS Y LAPARRA
Castellanos es el relator contra la Tortura en Guatemala. De 2010 a 2019 fue juez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango, según su hoja de vida.
El funcionario fue quien denunció a Laparra por acciones correspondientes a su labor como jefa de la FECI del referido departamento altense.
Los señalamientos en contra de la exfiscal se derivaron de cuatro denuncias administrativas que ella presentó en contra de Castellanos, una de ellas por supuestamente haber revelado información con reserva judicial a un abogado.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió rechazar las denuncias administrativas planteadas en contra del ahora relator, lo cual hizo posible que éste accionara de manera legal en contra de Laparra por supuestos delitos de abuso de autoridad en forma continuada e incumplimiento de deberes.
No obstante, la exfiscal solo enfrenta el juicio por el primero de los hechos ilícitos por los cuales fue denunciada.
JUICIO DE LAPARRA
El pasado 23 de febrero, las autoridades ejecutaron una orden de captura que fue emitida en contra de Laparra. Ella fue localizada en la zona 7 de la cabecera de Quetzaltenango. Desde ese momento permanece en prisión preventiva.
La Fiscalía sostiene que la exfiscal “posiblemente afirmó hechos falsos y ejerció actos a nombre del Ministerio Público (MP), atribuyéndoles carácter oficial para interponer denuncias” en contra del juzgador.
El juicio inició el pasado lunes 28 de noviembre, después de nueve meses de que comenzaron las gestiones del caso.
La jueza Oly González, del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, tiene a su cargo el debate.
