El exdiputado Estuardo Galdámez, procesado por el caso Asalto al Ministerio de Salud, podrá desplazarse por Izabal y otros departamentos del país, derivado de una ampliación a las medidas sustitutivas que le fueron concedidas.
De esa cuenta, el excongresista podrá ejercer su profesión de abogado y notario en Izabal y cualquier otro departamento en el cual le sean solicitados sus servicios, dijo Edwin Ramírez, juez suplente en el Juzgado de Mayor Riesgo D.
Galdámez solicitó al Juzgado autorización para desplazarse sin restricción “específicamente en el departamento de Izabal y sus municipios, así como los departamentos en los que ejerza su trabajo”. Después del análisis, Ramírez aceptó la solicitud.
El exlegislador está señalado por supuestos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada por anomalías en la construcción del hospital de Ixcán, en Quiché.
AMPLIACIÓN DE MEDIDAS
De acuerdo con lo manifestado por el juez, Galdámez podrá movilizarse por los departamentos en los que sea requerido por su trabajo.
También deberá continuar con la obligación de firmar el libro de procesados en el Ministerio Público (MP) durante los primeros cinco días de cada mes.
Hemos vivido una que otra Primavera Democrática en la que el debate y el flujo abierto de información enriqueció al pueblo, pero la verdad siempre resulta tan molesta que, tarde o temprano, se reviven los afanes despóticos para silenciarla. #LHEditorial https://t.co/xu6iEqvlmT
— Diario La Hora (@lahoragt) November 30, 2022
SEÑALAMIENTOS EN CONTRA DE GÁLDAMEZ
El exdiputado es señalado por su supuesta participación en una estructura criminal que entre 2013 y 2014 operó en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), durante la administración de Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez, fallecido.
Se le señaló por presuntas influencias que habría ejercido en las autoridades del Ministerio de Salud para la contratación de personal y la adjudicación anómala del proyecto de construcción del Hospital de Ixcán, en Quiché.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dice que Galdámez pudo ser beneficiado con una comisión ilícita Q2 millones, derivado de su gestión para la adjudicación anómala del proyecto de construcción del referido hospital a la entidad mercantil Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales (Sercco).
