Icefi se pronunció por medio de un comunicado sobre la iniciativa. Foto: La Hora/AGN

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), por medio de un comunicado, manifestó su preocupación por la iniciativa 6165, la cual propone la regularización e incorporación de los sectores productivos primario, pecuario, bovino e informal al sistema tributario. De esa cuenta, afirmó que esta carece de análisis técnico.

“Debido a numerosas falencias técnicas, considera indispensable analizarla y discutirla con el debido rigor técnico, apertura y transparencia, e insta al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a estudiarla cuidadosamente y emitir opinión o dictamen sobre las implicaciones de su aprobación”, señaló el Icefi.

 

De acuerdo con el Instituto, el objetivo principal de la iniciativa es incorporar contribuyentes nuevos al sistema tributario, lo que considera como un hecho correcto. Sin embargo, al efectuar el análisis revela que el contenido de esta propuesta se asemeja al de la Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, Decreto del Congreso de la República No. 7-2019, que también pretendió incorporar contribuyentes nuevos al sistema tributario.

“No hay evidencia estadística de que ese objetivo se haya logrado. Al contrario, los datos revelan que con la vigencia de este cuerpo legal el gasto tributario, es decir los impuestos que el Estado deja de recaudar, se incrementó en alrededor de Q440 millones anuales, con lo cual, esa ley prácticamente formalizó esquemas de evasión e incumplimiento tributario de ciertos grupos empresariales. La iniciativa de ley 6165 amplía los beneficios aprobados en el Decreto No. 7-2019, se advierten impactos perjudiciales superiores”, explicó.

INICIATIVA DEBE TENER JUSTIFICACIÓN TÉCNICA SÓLIDA

El Icefi reiteró que toda propuesta para el tratamiento tributario diferenciado debe tener una justificación técnica sólida y la cuantificación de los resultados que se esperan obtener. Según el estudio que se realizó a la iniciativa, estos elementos no están incluidos en la propuesta.

Por eso, la entidad advirtió que la iniciativa 6165 tiene un error conceptual serio en el planteamiento de la propuesta, ya que busca crear un régimen especial para el sector informal, no la formalización de esos agentes económicos.

“El Instituto reitera su propuesta de considerar la creación de un monotributo, separado de los demás impuestos, cuya obligación tributaria guarde coherencia y proporcionalidad con el resto de la legislación tributaria vigente”, indicó.

 

Además, consideró como errónea la propuesta de crear un nuevo régimen especial para los productores, comercializadores o intermediarios que hagan sus ventas a los pequeños empresarios que llevan a cabo su actividad en los mercados cantonales, municipales y centros de acopio de los productos de los sectores primario, pecuario, hidrobiológico, apícola y artesanal.

“Los ponentes de la propuesta exponen que el propósito es ordenar el sistema tributario, cuando en realidad tendrá el efecto opuesto, dada la propagación de regímenes especiales que alterarán aún más la deseable generalidad de los impuestos”, aseguró el Icefi.

REGÍMENES DIFICULTARÁN TRABAJO A LA SAT

En ese sentido, el Instituto indicó que la propuesta de esta multiplicidad de regímenes especiales dificulta el trabajo de la SAT, que quedaría obligada a supervisar la diferenciación en las cadenas de producción y comercialización de los productos en los mercados cantonales y de los que distribuyan a otras áreas económicas.

Además, señaló que el régimen nuevo propuesto permitiría que se inscriban todas las empresas con ventas de hasta Q10.5 millones. Según los datos de la SAT, en 2019, de los 349 mil 310 contribuyentes inscritos en el impuesto sobre la renta (ISR), 343 mil 299 reportaron ingresos hasta por ese monto.

Comunicado de Icefi. Foto: La Hora/Icefi

Por lo anterior, el Icefi advirtió con alarma que, de aprobarse la propuesta, prácticamente la totalidad de esos contribuyentes podría inscribirse en el régimen nuevo.

“La SAT debe usar sus bases de datos de declaraciones para calcular el sacrificio fiscal de esta medida, pero el Icefi anticipa que, como se sabe, muchos de los proveedores de esos mercados hoy no pagan impuestos, por lo que uno de los daños que haría la aprobación de esta propuesta sería reducir la obligación tributaria de los pocos que hoy sí pagan”.

El Instituto aseguró que este tipo de propuestas son doblemente peligrosas en el contexto de un año electoral, en el que los intereses político partidarios pueden sobreponerse a los argumentos técnicos.

INICIATIVA NO EXPONE CÁLCULOS DE IMPACTO

De acuerdo con el Icefi, la iniciativa propone cuadruplicar el monto a partir del cual las ventas en mercados cantonales están exentas de impuesto al valor agregado (IVA), sin exponer justificación técnica ni cálculos del impacto fiscal.

“La exposición de motivos no incluye cálculos de impacto sobre la recaudación de estas propuestas, por lo que el Icefi reitera la necesidad de que la SAT los realice usando las bases de datos de contribuyentes”, enfatizó.

 

Además, mencionó que el régimen especial propuesto para el sector informal plantea que quienes reporten ventas por menos del equivalente a Q507 mil anuales, pagarían un impuesto del 5.0 por ciento, lo que podría ser inconstitucional por contravenir el principio de igualdad, al igual que aquellos inscritos en el régimen de pequeño contribuyente del IVA, estarían pagando más impuestos que quienes tendrían ingresos de alrededor de Q10.5 millones.

“Este error elemental en términos de justicia tributaria, evidencia las carencias y deficiencias técnicas con las que se formuló la propuesta. También preocupa la posible inconstitucionalidad de la propuesta de crear un impuesto al manejo de efectivo, que aplicaría a cierto grupo de contribuyentes a determinar por la SAT”, añadió.

ICEFI PIDE ANÁLISIS CUIDADOSO

El Icefi instó a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso a efectuar un análisis cuidadoso y con el debido rigor técnico, además de abrir mesas abiertas y participativas de discusión.

 

Asimismo, solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y a la SAT que de conformidad con sus facultades y mandatos legales, emitan opinión y dictamen observando los principios establecidos en la Constitución Política de la República, en particular sobre la generalidad de los impuestos, la capacidad de pago y la justicia y equidad del sistema tributario.

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