De esa cuenta, el caso se retomará hasta el 18 de enero de 2023, según el fallo que fue emitido por la jueza Eva Recinos. Foto: La Hora/Archivo

Suspendida quedó la audiencia en la cual se discutiría si cinco procesados en el caso Mecanismo de Corrupción en el MEM debían enfrentar juicio. El Juzgado de Mayor Riesgo E avaló que los señalados quieran resolver su situación jurídica por medio de la Ley de Aceptación de Cargos.

De esa cuenta, el caso se retomará hasta el 18 de enero de 2023, según el fallo que fue emitido por la jueza Eva Recinos. Durante ese tiempo el Ministerio Público (MP) deberá realizar las diligencias y negociaciones correspondientes con los procesados, para establecer las sanciones que serán solicitadas conforme a la normativa.

Según la Ley de Aceptación de Cargos, cualquier persona que enfrente un proceso penal puede aceptar los hechos que le son imputados por la Fiscalía, lo cual debe decidir de manera libre, voluntaria y conociendo lo que conlleva tal extremo.

 

LOS SOLICITANTES

Quienes buscan el beneficio de la Ley de Aceptación de Cargos son:

Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca, acusado por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo.
Joyce Patricia García Méndez, Karina Elcira Pérez Gamboa y Olga Lidia López Hernández, sospechosas de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
Silvia Leticia López Hernández, sindicada por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y concusión en el grado de cómplice.

 

EL CASO

Las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), mientras era dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelaron que durante la gestión de Erick Archila Dehesa como titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y como presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), del 14 de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015 y el período posterior, supuestamente se concertaron entre funcionarios y particulares para cometer actividades ilícitas.

Se presume que esa estructura, bajo el mando de Archila Dehesa, cooptó la dependencia administrativa del MEM y su fin primordial era “la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo la lógica del oportunismo que le brindaba el poder político, generada por el cargo de ministro de gobierno”.

 

Asimismo, su posición en el Organismo Ejecutivo posiblemente le permitió al entonces ministro operar a estructura criminal, tanto en el MEM y en el INDE, como desarrollando negocios ilícitos en el ámbito privado, detalló el MP.

Los beneficios económicos recibidos por Archila Dehesa ascendieron a un monto de Q75 millones 700 mil 811.07 más $477 mil.

PRÓFUGO

El exministro permanece prófugo por este caso. Figura en tres investigaciones del MP. Los otros dos casos en su contra se denominan Caso Cooptación del Estado y Caso Amperios.

Diego España
Escribo sobre política, justicia y sectores vulnerables. Comprometido con la memoria histórica y en informar verazmente. Considero que las disidencias nos hacen ver y cuestionar la realidad haciéndonos más humanos.
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