El análisis “La Prórroga Indefinida de los Magistrados del Poder Judicial” del Movimiento Pro-Justicia señala que durante la extensión de los cargos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cada uno en promedio ha recibido más de Q2 millones en salarios, bonificaciones y gastos de representación entre el 13 de octubre de 2019 y junio de 2022.
Este 13 de octubre se cumplen tres años desde que debieron asumir nuevos magistrados para la CSJ y las Cortes de Apelaciones (CA), sin embargo, el proceso se mantiene detenido en el Congreso de la República y sin avizorarse avances.
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 12, 2022
Bajo esta premisa, los magistrados electos para dichas cortes para el período 2014-2019, hoy suman tres años extras en sus cargos; por lo tanto, llevan más de la mitad de un período trabajando sin haber sido electos derivado de la inacción por parte de los diputados.
Según el estudio, los magistrados de la CSJ que ha ejercido el cargo desde octubre del 2019 “han mantenido los salarios correspondientes, los beneficios que aplican a todo el personal del Organismo Judicial y los servicios particulares de protección y funcionamiento que tienen como altas autoridades de justicia”.
¿CÓMO CALCULARON ESE MONTO?
Este análisis corresponde a los ingresos económicos de los magistrados de la CSJ de octubre de 2019 a junio de 2022. En el mismo resalta que en casi “tres años de prórroga de los mandatos, los magistrados han obtenido más de 2 millones de quetzales”.
Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta de la CSJ y el Organismo Judicial (OJ), ha percibido mensualmente un sueldo de Q46 mil 800 y gastos de representación de Q23 mil 000; mientras que el resto de los magistrados han percibido un sueldo de Q39 mil 800 y Q13 mil 250 de gastos de representación.
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No obstante, el informe señala que a tales montos se suman diversos beneficios como: bonos mensuales, bonificaciones profesionales (mensual), aguinaldo, bono 14, diferidos, primas vacacionales, bonos de Semana Santa, bonos de apoyo económico por la pandemia, entre otros.
Según reportes del OJ, de octubre del 2019 a junio del 2022, los magistrados de la CSJ recibieron los siguientes montos:
MAGISTRADO MONTO TOTAL PERCIBIDO
Silvia Patricia Valdés Quezada Q2,83 millones
Nery Osvaldo Medina Méndez Q2,22 millones
Vitalina Orellana y Orellana Q2,22 millones
Delia Marina Dávila Salazar Q2,21 millones
Josué Felipe Baquiax Baquiax Q2,22 millones
Sergio Amadeo Pineda Castañeda Q2,21 millones
Silvia Verónica García Molina Q2,21 millones
Néster Mauricio Vásquez Pimentel Q1,36 millones
Ranulfo Rafael Rojas Cetina Q447 mil
José Antonio Pineda Barales Q2,21 millones
María Eugenia Morales Aceña Q2,21 millones
Manuel Reginaldo Duarte Barrera Q2,21 millones
CASOS PARTICULARES
El magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina renunció al cargo en marzo del 2020, tras ser electo magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que recibió Q1.21 millones en concepto de indemnización
Por otra parte, el magistrado Néster Mauricio Vásquez Pimentel recibió una indemnización de Q1.35 millones, tras su renuncia en junio del 2021 para asumir como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).
A esto se le suma la reinstalación de Blanca Aída Stalling Dávila como magistrada de la CSJ, quien se encontraba suspendida desde el 2017 por un proceso en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), la acuso por el delito de tráfico de influencias.
Sin embargo, un informe de la Gerencia Financiera del OJ y Auditoría Interna resolvió que se le deben pagar Q5.7 millones en salarios y prestaciones pese a que no laboraba desde el año mencionado.
El informe también indica que en julio de 2020 se aprobó el acuerdo 20-2020 de la CSJ, el cual establece un “servicio de seguridad a exmagistrados debido a los riesgos y peligros que corren por los casos que conocen y mayor exposición pública”.
Este servicio incluye la asignación de un piloto y dos agentes de seguridad por un plazo de cinco años, que se hace efectivo al finalizar el ejercicio en el cargo. La asignación no incluye vehículos ni combustible
CONGRESO SIN ELEGIR CORTES
El informe agrega que según analistas y representantes de sociedad civil organizada “los diputados han incurrido en una serie de ilegalidades al no consumar la elección”; aunque estos tengan el cuidado de agendarla, en la mayoría de las sesiones es “notoria la intención de no elegir al colocar el tema en los últimos puntos”.
Son 26 magistrados titulares y suplentes de la CSJ, así como 225 de las Salas de Apelaciones que debían haber sido electos en 2019; no obstante, en el caso Comisiones Paralelas 2020, el Ministerio Público determinó que Gustavo Alejos intentó influir en la designación de los togados y requirió un amparo a la Corte de Constitucionalidad que ordenó a los diputados elegir a viva voz y considerar el aspecto de idoneidad tomando en cuenta los señalamientos de la Fiscalía.
En el reportaje “La extensión de plazo en la CSJ, ¿La ruta en otros poderes?” publicado el 8 de octubre por La Hora se destacó que analistas consideran que dicha estrategia de control sobre la justicia podría replicarse en otros poderes del Estado.
