Tras las acusaciones y próximas denuncias por parte de Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), contra exfuncionarios del sistema de justicia y el cierre del caso contra el abogado Francisco García Gudiel, el exfiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval se pronunció al respecto.
El pasado jueves Curruchiche indicó que todo lo actuado dentro del proceso del caso Asesoría Legal y Red de Lavado de Activos, conocido popularmente como ‘la multicausa”, quedaría anulado desde 2017 a la fecha por una resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que le fue notificada.
“Según la resolución de la Sala, se advierte que se violentó el debido proceso, hay falta de competencia y falta de autorización de la Cámara Penal para conocer el caso, además de incidencias anómalas de cómo se llevó a cabo dicha investigación”, afirmó Curruchiche.
Por lo tanto, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI; Erika Aifán, exjueza de Mayor Riesgo “D” y Sara Sandoval, extitular de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos serían los responsables de esas anomalías, según el Ministerio Público (MP).
Por lo tanto, al anularse todo lo actuado dentro del proceso, García Gudiel recuperaría su libertad y se le devolvería Q1 millón que pagó en concepto de fianza.
SANDOVAL REACCIONA ANTE ACUSACIÓN
Sandoval en su cuenta oficial de Twitter mediante un video manifestó: “Ayer nuevamente la maquinaria del MP utilizó los recursos para emprender una nueva ola de ataques en mi contra, de otros operadores de justicia y de mi familia”.
“Solo un fiscal corrupto celebra que una operación de lavado de 60 millones de quetzales quede impune y persigue a quienes descubrieron los hechos delictivos”, escribió el exjefe de la FECI.
Además, el exfiscal agregó: “Quiero que sepan que la intención del MP no es hacer justicia, si no dañar mi nombre, mi trabajo y sobre todo complacer intereses de actores corruptos, pero quiero que ustedes conozcan algunas situaciones relacionadas con la resolución”.
Sandoval tildó a la Sala de Apelaciones de proteger a personajes corruptos. “Al ver esa resolución existen problemas en su integración. Al inicio de la misma únicamente comparece un magistrado, y de hecho, esa Sala no tiene competencia para conocer asuntos de Mayor Riesgo”, indicó.
También dijo que “existen sobrados antecedentes los cuales indican que esos asuntos únicamente pueden ser conocidos por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, si en todo caso hubieran señalado una situación anormal, “correspondía nombrar a un juez competente”, explicó sobre el proceso.
Solo un fiscal corrupto celebra que una operación de lavado de 60 millones de quetzales quede impune y persigue a quienes descubrieron los hechos delictivos. 1/8 pic.twitter.com/TGUbhjCTGT
— Juan Francisco (@JSandoval1982) September 30, 2022
Sandoval mencionó que “las actuaciones anuladas se relacionan con dinero detectado en un caso de corrupción por lavado de dinero de una organización criminal denunciada por una agencia de investigación del Gobierno de los Estados Unidos”.
“Llama mucho la atención que esta resolución supuestamente fue emitida en mayo de 2022, pero esa misma Sala había emitido otra resolución en junio de 2022 con posterioridad a haber anulado las actuaciones”, refirió sobre el beneficio otorgado a “actores corruptos quienes en ambos casos son protegidos”, de acuerdo a lo dicho por Sandoval.
El exfiscal directamente señaló que “abusó tanto de sus funciones esa Sala de Apelaciones que no designó un juez competente”, si no ordenó cuál fiscalía debía de conocer el proceso, “invadiendo la autonomía del MP”.
SANDOVAL: INTENTAN DAÑAR MI NOMBRE
Sobre la titular de la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos de ese entonces, dijo: “de hecho, involucraron a Sara Sandoval, lo único que hizo fue consultar si hubo un reporte de transacción sospechosa en la Intendencia de Verificación Especial (IVE)”, enfatizó.
Según Sandoval, en su momento la jefa de dicha fiscalía, Sara Sandoval, consultó a la FECI si guardaba relación con algún caso. “La respuesta fue que sí, porque el banco ya había reportado a dicha fiscalía sobre esas transacciones en el caso Construcción y Corrupción”, indicó.
“Por solo esa acción que correspondía al ámbito de sus funciones ha sido dañada o intentado dañar mi nombre, el nombre de mi familia, la reputación, la dignidad y la tranquilidad”, lamentó el exfuncionario.
Sin embargo, resaltó que “si en realidad la pretensión fuera hacer justicia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) u otros sujetos procesales debieran impugnar esa resolución viciosa”, que además fue utilizada por el “MP como nueva campaña para arremeter en mi contra y contra otros operadores de justicia”, dijo.
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 30, 2022
CASO CONTRA GARCÍA GUDIEL
El abogado García Gudiel fue ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en mayo de 2021. Junto al profesional también quedó bajo investigación el colombiano William Darío Molina Ruiz por el delito de lavado de dinero.
La acusación contra García Gudiel tiene un delito adicional por esconder a prófugos de la justicia que luego fueron afectados por el abogado, según la Fiscalía.
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Así, con esa pena y frustración, termina este otro mes de la Patria, de esa Patria que se hunde, se resquebraja y derrumba por los efectos de la corrupción. https://t.co/9Ld3MBNPCq— Diario La Hora (@lahoragt) September 30, 2022
LA ACUSACIÓN
El MP señala al abogado García Gudiel de lavar Q59 millones y ocultar a cuatro personas vinculadas con el caso Construcción y Corrupción.
De acuerdo con el MP, las personas que “ayudó a esconderse” son José Guillermo Samayoa Soria, Mayra Lissette Marroquín Castillo, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez.
Los cuatro citados en ese momento tenían una orden de captura vigente por cohecho activo y financiamiento electoral.
De acuerdo con el MP, las personas se ocultaron en una residencia ubicada en kilómetro 22, Ruta CA-1 Oriente. El abogado usó los servicios profesionales para ocultar dinero de Samayoa Soria, señalado en el caso Construcción y Corrupción.
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La Fiscalía detalla que Samayoa Soria contactó al abogado García Gudiel y requirió asesoría legal para este proceso. En una ocasión el profesional le informó que el MP buscaba el embargo judicial de inmuebles como parte del proceso en su contra.
