La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución con la que se ratifica el arresto domiciliario sin vigilancia a Ronald García Navarijo, acusado por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado dentro del caso Bantrab.
“El garante acreditado deberá informar cada quince días el lugar de residencia donde se ubica el procesado y su estado de salud, para lo cual el Tribunal deberá de redactar acta que en derecho corresponda; la prohibición de salir sin autorización del país”, dicta la resolución de la máxima Corte.
El Bantrab refirió que la investigación está “debidamente respaldada por el Ministerio Público (MP), quien detalló que la captura del procesado fue en una bóveda escondida, lo que motivó a que se le impusiera la medida de prisión preventiva”.
Y por lo tanto, “estima vulnerados sus derechos de defensa y a una tutela judicial efectiva y los principios jurídicos de debido proceso, certeza y seguridad jurídica y fundamentación”, en virtud de que “no analizó los presupuestos de peligro de fuga y de obstaculización”, indicó Bantrab.
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 28, 2022
EL CASO
Según la investigación del MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), García Navarijo integró una estructura criminal formada por miembros de la Junta Directiva, y particulares del Bantrab, de donde fue directivo.
De acuerdo con las pesquisas, ellos se asociaron con el fin de saquear el patrimonio del banco, y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala. El Banco de los Trabajadores sufrió un detrimento importante de su patrimonio en dos vías:
Por la venta de diez casas compradas a un precio muy inferior a su avalúo, valoradas en Q7 millones, de las cuales solo se pagaron Q4 millones, y por sus fondos, al pagar Q5.5 millones en la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las casas.
Todo lo anterior fue realizado con participación y connivencia de los miembros de la Junta Directiva, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la posterior venta de los activos del banco, según la acusación de la carpeta judicial.
CIDH dice que Gálvez ha sido objeto de vigilancia, seguimiento y otros por participación como juez en el caso Diario Militar. https://t.co/aWn7e8rUc6
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