La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió este domingo un mensaje sobre la lucha contra la «narcopolítica», en el que advirtió que el Gobierno de Donald Trump utilizará todas las herramientas a su alcance para identificar y sancionar a funcionarios que, desde sus cargos, faciliten operaciones de narcotráfico.
La representación diplomática citó el caso de Ecuador como ejemplo del alcance de las acciones que Estados Unidos puede emprender contra funcionarios extranjeros señalados por corrupción vinculada a organizaciones narcotraficantes.
«Estados Unidos no tolera la narcopolítica en el hemisferio, y nadie está exento», señaló la Embajada.
Estados Unidos no tolera la narco-política en el hemisferio – y nadie está exento. El caso de Ecuador lo demuestra: el Departamento de Estado designó públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos – incluidos exjueces, un exlegislador y un exdirector penitenciario – por… pic.twitter.com/mp8zabZhxQ
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 13, 2026
SIETE EXFUNCIONARIOS ECUATORIANOS SEÑALADOS
El pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos está relacionado con la designación, el 9 de septiembre por parte del Departamento de Estado de EE. UU. de siete exfuncionarios ecuatorianos por corrupción vinculada a organizaciones criminales transnacionales.
La medida alcanza a Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI); Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal.
También fueron incluidos Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta del Partido Social Cristiano; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de esa misma Corte; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de relaciones públicas de la Corte Provincial de Guayas.
La designación, es parte de la Ley de Asignaciones para Operaciones Exteriores de Estados Unidos, un mecanismo legal que faculta al Departamento de Estado a declarar inelegibles para ingresar a territorio estadounidense a funcionarios extranjeros, actuales o exfuncionarios, sobre quienes existe información creíble de haber estado involucrados en actos significativos de corrupción.
De acuerdo con la información difundida por la Embajada, algunos de estos exfuncionarios habrían abusado de sus cargos al aceptar sobornos a cambio de interferir en procesos judiciales, electorales y públicos para favorecer a estructuras criminales.
Entre las organizaciones mencionadas por Estados Unidos figuran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Choneros, Los Lobos y el Cártel de Sinaloa.
Con la designación, las personas señaladas no podrán ingresar a Estados Unidos.
EL MP DICE QUE INVESTIGA DENUNCIAS DE NARCOPOLÍTICA
El pronunciamiento de la Embajada ocurre mientras el MP ha confirmado que existen denuncias relacionadas con posibles casos de narcopolítica.
Jefe del MP confirma investigaciones por denuncias de posibles casos de narcopolítica
El fiscal general, Gabriel García Luna, confirmó el pasado 26 de agosto que el MP tiene varias denuncias sobre este fenómeno, aunque evitó revelar cuántas son o quiénes están involucrados.
“Cantidad exacta no le puedo decir, pero sí hay varias denuncias”, declaró el jefe del MP al ser consultado sobre el tema.
García Luna aseguró que las denuncias serán investigadas para establecer si existe algún delito y determinar responsabilidades.
“Lo único que vamos a hacer es investigar las denuncias y determinar, de forma objetiva e imparcial, si se cometió algún delito y si existe un responsable”, afirmó.
El fiscal general también aseguró que las denuncias que no tengan sustento serán desestimadas y aseguró que el MP no será utilizado para favorecer intereses políticos o atacar a contendientes durante el proceso electoral.
El MP indicó que la Fiscalía de Delitos Electorales trabaja en una estrategia para que las fiscalías del país conozcan los posibles delitos que puedan cometerse durante el proceso electoral y puedan diferenciar entre denuncias con sustento y aquellas que carezcan de fundamento.
