La Policía Nacional Civil (PNC) reporta que a la fecha, 630 menores han sido capturados, mientras que la Secretaría de Bienestar Social (SBS) registra 259 ingresos de adolescentes a sus centros de privación de libertad durante el mismo período.
Las dos cifras, como afirma una explicación de la SBS, permiten intuir qué sucede con los adolescentes una vez son capturados y juzgados, ya que después de una captura un adolescente puede recibir distintas medidas ordenadas por un juez, entre ellas libertad asistida o una medida socioeducativa.
La diferencia entre ambos registros permite observar que no todos los menores detenidos por la policía terminan necesariamente en un centro de privación de libertad, agrega.
Algunos adolescentes capturados son dejados en libertad o reciben medidas socioeducativas, pero la SBS recuerda que esto depende de las circunstancias del caso y del delito que se les atribuye.
La institución también señala que un adolescente puede ingresar inicialmente a un centro de privación de libertad y, posteriormente, por decisión judicial, pasar a una medida socioeducativa.
Por esa razón, añade, los registros de ingresos a los centros no pueden utilizarse para concluir que de los 630 menores capturados por la PNC solamente 259 enfrentaron una consecuencia judicial.
De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, entre los delitos más comunes por los que fueron capturados los menores durante 2026 se encuentran:
- Homicidio con arma de fuego
- Robo de motocicletas
- Portación de arma de fuego
- Robo a peatones
- Extorsión
- Tenencia
- Tráfico de drogas
- Estafa
Sin embargo, la PNC no detalló cuántas de las 630 capturas corresponden a cada uno de esos delitos.
Tampoco detalló cómo han ocurrido las capturas a nivel nacional, pero explicó a La Hora que los lugares donde se registra la mayor cantidad de capturas de menores son Guatemala, Quetzaltenango, Santa Rosa, Chimaltenango, Izabal, El Progreso, Quiché, Escuintla, San Marcos y Jutiapa.
El dato muestra que la problemática no se concentra únicamente en el departamento de Guatemala, sino que también se presenta en distintos departamentos del país.
QUÉ OCURRE DESPUÉS DE LA CAPTURA
La SBS describió que algunos menores son enviados a centros de privación de libertad por la naturaleza del delito que hayan cometido, mientras que en otros casos los jueces pueden disponer medidas diferentes.
Entre estas se encuentra la libertad asistida, una medida socioeducativa que permite que el adolescente permanezca fuera de un centro de privación de libertad bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial.
La Secretaría también aclaró que algunos adolescentes detenidos por transportar droga pueden ser enviados a un hogar de protección penal, dependiendo de las circunstancias y de la decisión judicial.
A las medidas que pueden ser sometidos, también influye el factor edad. La SBS expresó que los adolescentes pueden ser judicializados a partir de los 13 años.
Sin embargo, expuso que los jueces suelen enviar con menor frecuencia a los centros de privación de libertad a adolescentes de 13 y 14 años, por lo que su tratamiento puede ser diferente.
El panorama, por ahora, muestra que la participación de adolescentes en hechos delictivos continúa generando capturas por delitos que van desde robos y portación de armas hasta homicidios, extorsiones y hechos relacionados con drogas.
EL RECLUTAMIENTO INICIA CON “FAVORES”
El Ministerio de Gobernación (Mingob) ha detallado que la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y la Subdirección General de Prevención del Delito han identificado patrones constantes sobre cómo operan las estructuras criminales para acercarse a niños y adolescentes.
Según explicó, en muchos casos los menores son utilizados inicialmente como “paros”, término empleado dentro de las pandillas para referirse a quienes realizan tareas de apoyo para las estructuras criminales.
“El tipo de rol que se les designa dentro de las estructuras criminales varía y muchos de los casos únicamente son paros”, indicó la institución.
Entre las actividades asignadas figuran vigilar los movimientos policiales, alertar sobre la presencia de grupos rivales, trasladar objetos ilícitos o participar en cobros de extorsión, tareas que las autoridades consideran una de las primeras etapas de involucramiento dentro de las pandillas.
