El reciente ataque armado ocurrido el pasado 24 de junio en la zona 4 capitalina, en el que dos personas murieron, pone en discusión un fenómeno que comienza a repetirse, según analistas: que en distintos puntos de la ciudad hechos de violencia se registren en sectores que históricamente no figuraban entre los principales focos de criminalidad.
El incidente, que quedó captado por cámaras y difundido en redes sociales, mostró cómo un presunto sicario descendió de una motocicleta y disparó en repetidas ocasiones contra un vehículo detenido en una esquina, donde los dos hombres dentro del vehículo murieron.
Las autoridades aún no han revelado el motivo del crimen, sin embargo, el caso se suma a otros hechos violentos recientes ocurridos en la misma zona 4, un sector tradicionalmente identificado por su actividad comercial, gastronómica y de entretenimiento.
El pasado 5 de mayo, dos hombres resultaron heridos en un ataque armado en la 7a. avenida y Vía 9 de la misma zona. Anteriormente, el 9 de abril, un ataque en la ruta 7 y vía 4 dejó tres fallecidos y dos heridos.
Cabe resaltar también que el 5 de junio, el diputado Cristian Álvarez, de CREO, accidentalmente documentó una balacera en los alrededores del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), cuando se encontraba transmitiendo en vivo una fiscalización a la entidad, es decir a una cuadra de donde ocurrió el ataque este 24 de junio.
La recurrencia de hechos violentos en este sector abre la interrogante de si se trata de una expansión de la actividad criminal hacia áreas menos habituales o de una reconfiguración territorial de las estructuras delictivas.
LA PRESIÓN ESTATAL Y LA REACCIÓN CRIMINAL
Para el criminólogo Eddy Morales, los cambios en los patrones de operación de grupos criminales suelen ser una consecuencia directa de la presión ejercida por las fuerzas de seguridad.
«Todo tipo de operativos que realicen las instituciones de seguridad, inteligencia y justicia va a provocar una reacción de los grupos criminales», explicó.
Según Morales, cuando las estructuras criminales enfrentan mayores dificultades para operar en determinados territorios, buscan alternativas para mantener sus actividades ilícitas.
«Lo que empiezan a buscar es el desplazamiento a otros territorios, a otras áreas, las cuales se supone que no son tan controladas por estos operativos», señaló.
El analista sostiene que esta dinámica no solo implica movimientos geográficos, sino también modificaciones en sus métodos de operación, alianzas y fuentes de financiamiento.
«Las pandillas buscan sofisticarse, evolucionar y actuar con diferentes tácticas y estrategias», afirmó.
La postura de Morales coincide con análisis recientes de la Policía Nacional Civil (PNC) que detallaron a La Hora, que ha advertido que las estructuras criminales han comenzado a fortalecer actividades como el narcomenudeo para compensar el impacto de los operativos contra las extorsiones y otros delitos.
BUSCARÍA LUGARES DE MAYOR IMPACTO
Para Mario Polanco, analista de seguridad, este fenómeno puede interpretarse desde otra perspectiva. Los grupos criminales no solo buscan territorios con menor presión policial, sino espacios donde sus acciones generen mayor repercusión.
«Hay que reconocer que las fuerzas de seguridad le han estado asestando duros golpes a la delincuencia y esta seguramente se está rearticulando», afirmó.
A su criterio, parte de esa reorganización podría estar llevándolos hacia zonas vinculadas con la vida nocturna, comercios y centros de reunión.
«Lo hace en lugares en donde sabe que va a generar un alto impacto», señaló.
El analista considera que establecimientos como restaurantes, bares o discotecas pueden convertirse en escenarios atractivos para grupos criminales que buscan controlar actividades ilícitas o enviar mensajes a rivales.
«Creo que están buscando lugares en los que funcionan discotecas o restaurantes, donde pueden estar promoviendo algunos actos de criminalidad o delincuencia, pero también distribución de drogas», agregó.
La hipótesis cobra relevancia al observar que varios de los hechos recientes se han registrado en sectores urbanos con fuerte actividad comercial y recreativa.
HECHOS QUE OBLIGARÍAN A MEJORAR ESTRATEGIA DEL ESTADO
La atención del Ministerio de Gobernación (Mingob) y PNC se ha concentrado, actualmente, en áreas históricamente asociadas a la presencia de pandillas y estructuras criminales, tales como la zona 3, zona 6, zona 7 y zona 18. Sin embargo, los especialistas advierten que las organizaciones ilícitas evolucionan constantemente.
Morales considera que cuando el Estado logra dificultar la operación de estos grupos en determinados puntos, estos buscan nuevas áreas donde continuar generando ingresos.
«Cuando los criminales ven que se les hace más difícil tener el negocio por un lado, entonces se van a otro lado a buscar», explicó.
Según los expertos, este proceso puede provocar que sectores que antes registraban baja incidencia de hechos violentos comiencen a experimentar eventos de alto impacto.
Además, advierten que la respuesta estatal no puede limitarse a reaccionar después de los ataques y que, de acuerdo a lo dicho por Morales, uno de los principales desafíos consiste en mantener presencia sostenida en los territorios intervenidos para evitar que las estructuras se reorganicen o simplemente trasladen sus operaciones.
«Debe evitarse que sean paliativos, sino que debe ir orientado a la sostenibilidad», sostuvo.
UN RETO PARA LAS AUTORIDADES
«Aquí es donde tiene que entrar a funcionar esa versatilidad que debe tener el ministro», indicó Polanco, al considerar que podrían desarrollarse fuerzas de tarea o programas específicos para reforzar la seguridad en áreas que anteriormente no eran consideradas prioritarias.
Si bien las autoridades destacan capturas, allanamientos y decomisos como parte de una estrategia que ha golpeado a distintas estructuras, los analistas coinciden en que estos resultados pueden provocar procesos de adaptación dentro de la criminalidad organizada.
Polanco remarcó que la respuesta debe ser igualmente dinámica, como lo es la adaptación criminal.
