El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) detalló que existe una reducción de la mora fiscal del Ministerio Público (MP); sin embargo, alertó que, pese a esto y al crecimiento presupuestario e institucional de la entidad, la capacidad de investigación criminal y judicialización de casos muestra debilidades estructurales.
Durante una presentación, el investigador del CIEN, David Casasola, expuso un análisis sobre el funcionamiento del MP, la gestión de casos y el comportamiento de delitos como homicidios simples y calificados, y según las conclusiones, la disminución de expedientes pendientes no necesariamente se ha traducido en más acusaciones o sentencias.
Según las cifras presentadas, el MP pasó de tener alrededor de 2.3 millones de casos activos pendientes en 2014 a 198 mil en 2025. La reducción comenzó a acelerarse a partir de 2019, cuando empezó a implementarse el Modelo de Gestión Integral de Casos.
Estos datos se encuentran registrados en el sitio web de la Coalición por la Seguridad Ciudadana.
“Ese es el resultado, por así decirlo, a nivel muy grande agregado de lo que es este modelo de gestión integral de casos”, explicó Casasola. Sin embargo, señaló que el análisis no debe centrarse únicamente en la reducción numérica de expedientes atrasados, sino en la calidad de las salidas que reciben los casos.
Presentación de #SeguridadGT del IDD y el tema del mes: Oportunidades y Desafíos para la Nueva Administración del Ministerio Público https://t.co/27LD5nMo9z
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UN NÚMERO BAJO DE CASOS JUDICIALIZADOS
El estudio explica que la mayoría de expedientes concluyen mediante archivos, desestimaciones o cierres que no implican un proceso penal formal.
Casasola explicó que, al revisar la “composición relativa de las salidas” entre 2018 y 2025, únicamente el 3.5% de los casos gestionados llegó a una etapa de judicialización.
“Tenemos al final casi 4 de cada 100. Un 96% de los casos no terminan en una salida que implique algún proceso de acusación”, afirmó.
Las tablas presentadas por el CIEN muestran que los casos que acaban siendo enviados a juzgados de primera instancia, considerados los que efectivamente avanzan hacia acusaciones penales, pasaron de representar 9.6% en 2014 a porcentajes cercanos al 3% y 4% en los últimos años.
Al mismo tiempo, aumentaron categorías como archivados y otras salidas administrativas o fiscales. Para el investigador, esto plantea dudas sobre el impacto real del modelo de gestión implementado por el MP desde 2019.
🟡Desafío 2 Impacto del Modelo de Gestión Integral de Casos del MP 👇
«La idea era dividir los casos en casos «nuevos» y casos «activos o viejos» para encontrar salidas más rápidas y la mora fiscal bajó considerablemente» comenta @jdcasasola en #SeguridadGT
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“Antes lo que teníamos eran casos que no encontraban salida y ahora lo que tenemos es casos que encuentran salida pero sin ninguna acusación”, indicó.
HOMICIDIOS ENCABEZAN CIERRES FISCALES
El CIEN también analizó los casos de homicidio simple y homicidio calificado, delitos que por su gravedad suelen requerir investigaciones más complejas y procesos penales formales, detalló Casasola.
Según el estudio, la salida más común para estos expedientes fue el “cierre en sede fiscal”. Las cifras que maneja la institución son que en 2014 hubo 814 sentencias por estos delitos, mientras que en 2024 la cifra cayó a 113.
En promedio, las acusaciones y los fallos en casos de homicidio constituyeron cerca del 7% de las salidas.
“Aun cuando nos enfocamos en delitos que por su naturaleza no es tan sencillo que tengan salidas que no impliquen un proceso de acusación o persecución, todavía hay mucho espacio de mejora”, remarcó Casasola.
🟡 «Ni antes ni ahora puede observarse un mejor proceso de acusación que logre una mejor capacidad de investigación que permita deducir capacidades individuales de los delitos» añade @jdcasasola en #SeguridadGT pic.twitter.com/JcDUJuETaB
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JUSTICIA CRIMINAL SIN MEJORAS
El análisis también incorporó resultados del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en el que Guatemala mantiene calificaciones bajas en el componente de justicia criminal.
De acuerdo con la tabla presentada, el indicador de justicia criminal se ha mantenido prácticamente estancado entre 2015 y 2025, con puntuaciones cercanas a 0.30 en una escala donde 1 representa el mejor desempeño.
Casasola aseguró que uno de los factores evaluados por ese índice es precisamente la efectividad de la investigación criminal. “Del 2015 a 2025 no ha habido mayor movimiento, no ha mejorado, no ha cambiado”, afirmó.
MÁS PRESUPUESTO Y MÁS PERSONAL
La investigación también destacó el crecimiento institucional y financiero del MP durante los últimos años. De acuerdo a las cifras, el presupuesto del ente encargado de la persecución penal pasó de Q1 mil 691 millones en 2018 a alrededor de Q3 mil 800 millones en 2026.
En tanto, el personal aumentó en 3 mil 772 trabajadores entre 2018 y 2025, equivalente a un crecimiento de 47%.
Casasola indicó que actualmente el MP recibe incluso más recursos del gobierno central que el Organismo Judicial, pese a que este último atiende varias ramas del derecho además de la penal.
“El nivel del crecimiento que tiene el Ministerio Público ya llega a un nivel donde requiere una revisión”, señaló.
El investigador advirtió que otras entidades clave del sistema de justicia, como el Inacif, la Defensa Pública Penal y el Instituto de Atención a la Víctima, no han tenido incrementos presupuestarios similares, lo que limita la coordinación interinstitucional.
🟡 Desafío 4 MP según @jdcasasola en #SeguridadGT
«Tanto recurso financiero como humano en el MP han crecido considerablemente, lo cual requiere una estrategia de gestión para una institución que ha evolucionado y crecido a lo largo del tiempo» indica el investigador del CIEN pic.twitter.com/ovlF3hpBjx— CIEN (@CIENgt) May 21, 2026
Por ello, en las recomendaciones del CIEN, se destacó que debe revisarse el modelo de expansión territorial del MP, que pasó de presencia en 33 municipios a cobertura en 340 entre 2015 y 2021, y reenfocar recursos hacia áreas prioritarias según incidencia criminal y capacidad investigativa.
“El hecho de que se haya implementado un sistema para gestionar casos no significa que esa producción humana fiscal haya aumentado la capacidad de investigación”, explicó Casasola.
