"Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal", dice Presidencia

Diego Estuardo Guzmán
Diego Estuardo Guzmán

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, a través de un comunicado, declaró que «los señalamientos de la fiscalía de Rafael Curruchiche no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica ni propósito legítimo».

Esto después de la conferencia de prensa que ofreció el Ministerio Público (MP), y la que sindicaron al presidente Bernardo Arévalo de haber «cometido los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución».

Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y otros 41 países como actor corrupto y antidemocrático, informó que presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra del mandatario, para iniciar una investigación en el caso «Mecanismo de Corrupción Micivi».

 

«Estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe», explica el comunicado de la Presidencia, respecto de las declaraciones de Curruchiche, que afirmó que el presidente Arévalo «fomenta la corrupción y la impunidad en Guatemala».

Curruchiche, en su presentación, afirmó que el presidente ordenó a la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, que pagaran a constructoras que tienen contratos con el Estado, y le proporcionó los documentos con los datos de estas y los montos, y según él, la fiscalía considera que esa conducta encuadra en el delito de abuso de autoridad.

«Lo único que sostiene estas acciones corruptas del MP es la participación de dos o tres jueces cómplices que, en este caso, no tendrán ningún rol», agregó la Presidencia en su pronunciamiento.

LA DENUNCIA

«La denuncia se recibe derivado de que se ponen en conocimiento hechos, que refieren que el presidente emitió una orden ilegal a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal de sus funciones», recalcó.

En su presentación, Curruchiche presentó la llamada grabada entre el presidente Arévalo y la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, cuando le comunicó que sería removida del cargo.

Antes de hacer esto mostró como hecho histórico una llamada en la que se escucha al expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea.

Este caso nace a raíz de una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).