El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fue beneficiado este viernes 26 de abril por la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, luego de que dictara el sobreseimiento del caso Construcción y Corrupción en favor del exfuncionario.
«Por lo anterior, quien juzga considera que no existe la probabilidad de ser demostrados los hechos planteados en la acusación, en un debate oral y público, por lo que, de conformidad con el artículo 328 del Código Procesal Penal, se dictará auto de sobreseimiento», declaró la juzgadora.
El Ministerio Público (MP) acusó a Sinibaldi por los delitos de lavado de dinero en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y asociación ilícita.
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ARGUMENTACIÓN
Durante la audiencia, la juzgadora cuestionó la acusación presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con respecto a la exposición de cada uno de los delitos.
Por el delito de asociación ilícita, Cruz Toscano aseguró que lo expuesto por el ente investigador no comprueba la relación al plantear la comisión de este tipo penal, así como la relación de tiempo, que en la argumentación del MP solo indica el inicio de la realización de lo imputado y el modus operandi.
De esta forma, explicó que en los señalamientos que se hacen en este delito indican que la organización se creó con la finalidad de blanquear dinero que provenía de diferentes actividades ilícitas; sin embargo, esta figura no aparece contemplada en la normativa vigente, afirmó la juzgadora.
En cuanto al delito de lavado de dinero u otros activos en forma continuada, la jueza explicó que en la acusación se indicó que el período investigado es entre 2012 y 2016, y consideró que existe una contradicción entre lo imputado en el delito de asociación ilícita, que indica que se estableció la misma para lavado de dinero del 2006.
En tanto que, en lo que se refiere al lavado de dinero, a criterio de Cruz Toscano tampoco existe esa relación de temporalidad, pues aseguró que se cometió este ilícito del 2006 al 2016.
Con relación al delito de cohecho pasivo en forma continuada, la funcionaria judicial señaló que este se muestra como una secuencia delictiva; por consecuencia este ilícito, juntamente con el de financiamiento electoral no registrado darían sustento al movimiento financiero, pero explicó que no se explicó en la investigación por medio de informes financieros.
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PERSEGUIDO POLÍTICO
Al concluir la audiencia, el exministro de Comunicaciones, apuntó que ha sido sobreseído en cuatro casos en su contra y que se dictó la falta de mérito en otro, por lo cual afirmó que en cuatro años ha sido beneficiado contra las «acusaciones políticas» que presentaron las anteriores autoridades del MP, incluía la ahora extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Agregó que las personas a las que señala de haberlo perseguido políticamente, han pronunciado que ha sido beneficiado por el sistema de justicia, lo cual rechazó, pues indicó que cuenta con una defensa profesional.
Finalmente, dijo no entender cuáles han sido las circunstancias que les obligaron a mentir en contra de él, por lo cual afirmó que aún quedan «pequeños caminos» para seguir concluyendo los procesos en su contra.
