Por Denis Aguilar
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La Embajada de Alemania en Guatemala y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) presentaron el proyecto “Promoviendo el Debido Proceso Legal y el Acceso a la Justicia para las Comunidades Indígenas”, enfocado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
El proyecto busca fortalecer el acceso a la justicia para comunidades afectadas, no solo en el ámbito penal, sino principalmente en el ámbito constitucional, esto debido a que en el Estado guatemalteco solo existe la defensa pública en el ámbito penal.
El proyecto es financiado por la Cooperación Alemana e implementado por la CIJ, por un monto de 70 mil euros (aproximadamente 600 mil quetzales), el cual ha estado funcionando desde abril de este año y finalizará en diciembre próximo.
Alrededor de 150 personas han sido beneficiadas directamente, e indirectamente se beneficiarán unas 100 comunidades.
“Este proyecto también provee asistencia legal a comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sabemos que hay muchas comunidades afectadas, entonces hemos escogido este proyecto, especialmente para asistir a estas comunidades”, dijo Harald Klein, embajador de Alemania en Guatemala.
Michael Grewe, jefe de la Cooperación Alemana, dijo que con este proyecto se busca proteger a poblaciones discriminadas por raza o sexo y a grupos desfavorecidos, como mujeres y niñez, además de la protección a periodistas y el fomento de la libertad de expresión.
Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, dijo que el proyecto tiene la ventaja de poder llevar asistencia a las comunidades más vulnerables en lo que respecta al acceso a la justicia, al ser un proyecto de asistencia legal.
“En Guatemala solo hay asistencia legal gratuita en materia penal, pero no en las demás ramas, esta era una de las propuestas de reforma constitucional. Agradecemos a la Embajada de Alemania este apoyo y también a las comunidades por el privilegio de trabajar conjuntamente con ellas”, expresó Cadena.
Comunidades de Petén, Izabal, San Marcos y Quiché, que enfrentan problemas de desalojos forzosos, restitución de tierras y criminalización, fueron beneficiadas con este proyecto.
