Luego que la Comisión Pesquisidora recomendara que no fuera retirado el derecho de antejuicio a los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la presidenta del máximo órgano en materia electoral, Blanca Alfaro, señaló que lo resuelto por dicha comisión sugiere que «no existe posibilidad o indicio alguno que pueda constituirse en un juicio penal».
La funcionaria aseguró que, según la recomendación efectuada por la Comisión Pesquisidora refiere que el proceso iniciado contra los Magistrados del TSE se debió a un «juicio político», el cual no puede reñir con la ley penal.
Dijo que lo que procede en este momento, es esperar que el pleno del Congreso de la República conozca la recomendación efectuada y pueda resolverse en definitiva la situación legal, que permita «empezar ya con la estabilidad emocional y la paz hacia la institución».
A la vez, agradeció «la deferencia de objetividad» con la que actuaron los miembros de la Comisión Pesquisidora que fueron designados por el pleno de diputados.
DECISIÓN
La recomendación emitida por la Comisión Pesquisidora fue dada a conocer el miércoles 10 de julio, en conferencia de prensa, por los cinco diputados que integraron dicho órgano colegiado.
La decisión de no retirar la inmunidad a los cinco magistrados titulares del TSE fue tomada por unanimidad.
El Ministerio Público (MP) buscaba investigar a los magistrados titulares del ente electoral: Irma Elizabeth Palencia Orellana, Blanca Alfaro, Mynor Custodio Franco Orellana, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Ranulfo Rafael Rojas Cetina.
La Comisión Pesquisidora que conoció las diligencias de antejuicio fue presidida por el diputado Luis Cáceres, del partido suspendido temporalmente Movimiento Semilla; Román Castellanos, del partido suspendido temporalmente Movimiento Semilla; Rodrigo Pellecer, de Comunidad Elefante; Mario Gálvez, de la UNE, y Mynor De la Rosa, de VAMOS.
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ANTEJUICIO
El proceso de antejuicio inició en abril pasado cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió al Congreso de la República el expediente del proceso de antejuicio contra los magistrados titulares del TSE, promovido por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El proceso empezó con la denuncia presentada por el secretario general del partido, Víctor Guerra, por supuestas irregularidades, como actas con el mismo número de mesa y el recuento de votos acelerado durante la segunda vuelta electoral de los comicios generales de 2023.
