La Conferencia Episcopal de Guatemala, a través de un comunicado, con ocasión de su Asamblea plenaria anual 2024, expresaron su preocupación por el manejo de las leyes a favor de intereses particulares.
Aunado a ello, demandaron un ordenamiento jurídico sabio y justo, así como de autoridades capaces de hacerlas respetar, esto en consideración de que se ha dado un paso adelante en la consolidación de un sistema democrático que requiere el apoyo de toda la población y de la solidaridad internacional, como se ha mostrado.
PRIORIDADES DE PAÍS
Agrega el comunicado que las expectativas del nuevo gobierno son grandes, por lo que hacen un llamado al pueblo a estar atento y vigilantes y que los planes de gobierno muestren su eficacia en las necesidades del país, como son la inversión en la red vial, la seguridad, educación y salud.
En este último, con especial atención en la lucha contra la desnutrición infantil, la promoción de condiciones que ofrezcan igualdad de oportunidades para todos, mejoras de condiciones de trabajo que incidan en el descenso de la migración forzada, y la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad y no sólo en las instancias estatales.
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CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA
Además, consideran que la construcción de un Estado democrático requiere la confluencia de actores capaces de superar diferencias a través del diálogo, el consenso y la tolerancia.
También reconcen y agradecen el papel fundamental que los pueblos originarios, representados por las autoridade ancestrales que han jugado en el proceso de transición política una actitud de apoyo a la democracia y a la voluntad popular expresada en las urnas.
Recomiendan al poder Ejecutivo que su lucha contra la corrupción inicie con un proceso de total transparencia en el mismo Gobierno, por lo hacen un llamado a construir una cultura de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.
LEYES Y ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS
Con relación a los procesos de postulación para la elección de Cortes, esperan que el Congreso de la República elabore una agenda legislativa que responda a las necesidades prioritarias, para que convoque en tiempo a la Comisión de Postulación que debe proponer las nóminas de candidaturas a las magistraturas de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.
Contrario, a lo anterior, consideran penoso el silencio del Colegio de Abogados y Notarios, el cual, indican, debe superarse y pronunciarse con ética y responsabilidad, tomando en cuenta que este gremio tiene relevancia en la designación de magistrados, Fiscal General y Comisiones de Postulación.