Un informe interno del Ministerio Público (MP) da cuenta de las recomendaciones que se hicieron a la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación con respecto al «Caso toma de la Usac: Botín Político», en el cual se requirió respetar garantías constitucionales de las personas que eran sujetas de la investigación, como el derecho de libertad de emisión del pensamiento y el derecho de antejuicio.
El órgano encargado de la persecución penal confirmó que el documento figura entre los elementos de investigación, y fue analizado por el juez décimo penal A, Víctor Cruz, en la audiencia de primera declaración de seis personas ligadas a proceso por el caso, para resolver su situación legal.
«Obra dentro de la documentación aportada al proceso durante la celebración de la audiencia de primera declaración del caso Usac: Botín Político», dijo el MP.
Dicho documento se identifica con el número 01DADIC-2023-64, y fue elaborado por el Departamento de Análisis de Delitos Informáticos y Cibercrimen (DADIC), que depende de la Dirección de Análisis Criminal (DAC).
Según parte del informe, cuya fecha de elaboración se desconoce:
«Se recomienda considerar la libertad de los ciudadanos, de afiliarse a las organizaciones políticas, de acuerdo al artículo 17. ‘Libertad de organización’ de la Ley Electoral y de Partidos Políticos».
«Se recomienda considerar el derecho de los ciudadanos, de la libre emisión del pensamiento a través de los medios de difusión, de acuerdo al artículo 35 ‘Libertad de Emisión de Pensamiento’ de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Emisión del Pensamiento de Guatemala».
«Considerar que, dependiendo del enfoque de la investigación y la utilidad del presente informe, de evidenciar la existencia del delito a investigar, tomando en cuenta que las posibles personas usuarias que se registran posiblemente gozan del derecho de antejuicio, es necesario realizar por parte de la fiscalía, todas las diligencias que correspondan, esto con la finalidad de evitar incurrir en ilegalidades de acuerdo al marco legal de Guatemala».
INVESTIGACIÓN
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación dio a conocer el caso el pasado jueves 16 de noviembre, cuando se ejecutaron 31 allanamientos en distintas partes del país, acciones que tenían el objetivo de ubicar a 27 personas en contra de quienes se giraron órdenes de captura. Las diligencias dejaron cinco aprehendidos ese día, y uno más con posterioridad.
Ese mismo día, el fiscal Saúl Sánchez explicó que se presentarían solicitudes de antejuicio en contra de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, respectivamente, así como en contra de otros seis funcionarios y funcionarios electos.
Los hechos del caso, descritos en una conferencia de prensa, se relacionan con el cierre de las instalaciones de la Usac, especialmente del Campus Central, medidas que tomaron miembros de la comunidad universitaria para manifestar su rechazo a la elección de Walter Mazariegos como Rector de la única universidad pública del país.
También se detalló que varios de los señalados, como Arévalo y Herrera, se pronunciaron en las redes sociales en favor de la toma de la Usac, y que habrían incitado a mantener el cierre, esto con miras a incrementar su imagen ante la ciudadanía.
INFORME PRELIMINAR
El MP también explicó que se trata de un informe preliminar que se suma a diversos indicios con los que se cuenta en la investigación, extremo que permitió que el juez resolviera ligar a proceso penal por los delitos de usurpación y depredación de bienes culturales a los seis señalados en el caso.
Cruz fijó un plazo de seis meses al órgano encargado de la persecución penal para concluir la investigación del caso.
CAPTURAS
Por el caso fueron capturados:
Marcela Blanco, excandidata a diputada por el suspendido de forma temporal partido político Movimiento Semilla.
Rodolfo Chang Shum, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Usac.
Eduardo Antonio Velásquez Carrera, egresado y docente de dicha casa de estudios superiores.
Alfredo Enrique Beber Aceituno, Ingeniero Civil graduado por la Usac
Javier Alfonso de León Gómez, recientemente graduado de la Licenciatura en Física y Matemática.
Martín Jorge Macario, miembro del sindicato de trabajadores de la Usac.
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ANTEJUICIO
Aunado a las capturas, el MP solicitó ocho antejuicios:
Bernardo Arévalo, presidente electo.
Karin Herrera, vicepresidenta electa.
Samuel Pérez, diputado reelecto por Semilla.
Román Castellanos, diputado reelecto por Semilla.
Raúl Barrera, diputado electo por Semilla.
Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Aldo Dávila, del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO).
Adán Pérez, diputado por Winaq.
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TOMA DE LA USAC
La toma de la Usac se dio luego de que un grupo de estudiantes rechazaran la elección de Mazariegos como Rector de esa casa de estudios.
Durante el proceso, solo 72 electores emitieron su voto el 14 de mayo de 2022, en el Parque de la Industria, incluyendo al entonces rector en funciones, Pablo Oliva.
Entre los cuestionamientos de la elección de rector está la exclusión de 98 electores, algunos porque no fueron acreditados por el Consejo Superior Universitario (CSU) y otros, luego que les fuera vedado el ingreso al Parque de la Industria.
CRITICA INFORME DEL INACIF
El MP también pidió un peritaje lingüístico al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para establecer si Arévalo y Herrera habrían utilizado sus pronunciamientos con respecto a la toma de la Usac para incitar a cometer acciones ilegales.
Sin embargo, en el informe elaborado se detalló que no se hicieron hallazgos como los requeridos por el órgano encargado de la persecución penal.
«No se encontró evidencia concreta con características lingüísticas que connotaran o implicaran que las personas indicadas por la fiscalía indujeran directamente a estudiantes, trabajadores o personas que tienen y/o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala a continuar con la toma de dicho centro de estudios», se detalló.
Ante eso, el MP se pronunció en contra del contenido del documento, y dijo que no cumple con varios aspectos, incluyendo el enfoque criminalístico.
«Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la realización de un peritaje lingüístico, el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico», se indicó.
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