Durante la presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la situación de los Derechos Humanos en el país, la Comisión Internacional de Derechos Humanos reitera el llamado al Estado de Guatemala a garantizar la democracia, ante acciones del Ministerio Público (MP).
La Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, dijo que desde el 2017 han documentado el deterioro de la independencia judicial en el país, por la paulatina cooptación de los órganos encargados de administrar justicia y la criminalización de operadores de justicia.
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Agregó que, pese a que el pasado 17 de noviembre el Congreso de la República eligió autoridades de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las altas Cortes, éstos no cumplirían con estándares internacionales, ante lo que Reneaum afirmó que «la CIDH reitera el llamado al Estado de Guatemala a cesar las acciones injerencistas del MP que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población».
Dijo que, de esta forma también se insta a cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana Sobre Derechos y la Carta Democrática Interamericana, por lo que señaló que «urge respetar y garantizar el proceso de transición presidencial», cumpliendo además, de la buena fe con las recomendaciones de las misiones de la OEA que se encuentran en el país.
DETERIORO DEL ESTADO DE DERECHO
Reneaum Panszi en representación de la Relatora de la CIDH para Guatemala, Rosamena Esmeralda de Toutiño, explicó que en el transcurso de 2023 se le ha dado seguimiento con preocupación el deterioro del estado de derecho y de los derechos humanos en Guatemala por las injerencias indebidas del proceso electoral y de otras acciones del MP que han puesto en riesgo el proceso electoral y el orden constitucional.
Recordó que, entre los hechos más recientes, el 16 de noviembre la CIDH rechazó el anuncio de diligencias de investigación por parte del MP en la solicitud de 31 órdenes de allanamiento y 27 de aprehensión en contra de líderes universitarios, personal académico y el exprocurador de Derechos Humanos señalados de la ocupación de la Universidad de San Carlos (USAC), hechos ocurridos entre mayo de 2022 y junio de 2023.
Esto en reclamo a las presuntas ilegalidades en el proceso de elección del Rector de la universidad estatal, a quienes se les imputa la comisión de los delitos de ocupación agravada en forma continuada, la depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
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Expuso, que también el MP accionó contra el derecho de inmunidad de diputados integrantes del partido Movimiento Semilla, Winaq y el bloque parlamentario del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), así como del presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, por su expresión en redes sociales.
Con ello, expresó que hasta el 27 de noviembre, seis personas permanecían detenidas, quienes recibieron el beneficio de medidas sustitutivas, pero continúan ligadas al proceso penal, por lo que leyó el pronunciamiento efectuado por l Secretaría General de OEA «estas decisiones del MP constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso legal y pueden afectar el resultado del proceso electoral, por lo cual parece improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático».
Por último, indicó que el anuncio de esta investigación ocurrió el día siguiente de que el Consejo Permanente recibiera los informes de la Comisión de Acompañamiento y Observación del proceso de transición de gobierno y de la Comisión de Mediación en Guatemala.
