Cuando la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling denunció ante el Ministerio Público (MP) que elementos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, y personal de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), iniciaron una investigación en su contra mientras gozaba del derecho de antejuicio, el órgano encargado de la persecución penal abrió un expediente por abuso de autoridad, entre otros delitos.
Sin embargo, lo anterior hace contraste con la Fiscalía que pidió información previo a la formulación de una solicitud de retiro de antejuicio en contra de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, respectivamente, dentro del denominado «Caso toma de la Usac: Botín Político».
Ahora, Arévalo y Herrera enfrentan una solicitud de antejuicio planteada por la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, en la cual se incluyó a otros cuatro funcionarios y funcionarios electos.
MP PIDE INFORME ¿Y EL ANTEJUICIO?
La Fiscalia de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación inició una investigación por la toma de la Universidad de San Carlos (Usac), en la cual se vincula a 27 personas, entre estudiantes, docentes y profesionales, así como a seis funcionarios y funcionarios electos, en contra de quienes se solicitó el retiro de antejuicio.
Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al que tuvo acceso La Hora, da cuenta que las diligencias de investigación del MP en contra de Arévalo, Herrera y los diputados de Semilla, Samuel Pérez y Román Castellanos, reelectos, así como el Adán Pérez, de la bancada Winaq, y el diputado electo de Semilla, Raúl Barrera iniciaron sin importar que tienen derecho a antejuicio.
Dicha situación se detalla en la nota de este Diario titulada «El MP y el pantano del caso Usac: el pedido de informe al Inacif que les salió mal», en la cual se establece que el órgano encargado de la persecución penal pidió al ente científico un peritaje lingüístico, para establecer si en publicaciones hechas por los señalados en las redes sociales, existen indicios de la comisión de acciones delictivas.
Sin embargo, en el documento se estableció que «no se encontró evidencia concreta con características lingüísticas que connotaran o implicaran que las personas indicadas por la fiscalía indujeran directamente a estudiantes, trabajadores o personas que tienen y/o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala del 27 de abril del 2022 hasta el 9 de junio del 2023 a continuar con la toma».
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MP CRITICA INFORME
Este martes 21 de noviembre, el MP publicó en su cuenta oficial de X «6 puntos para conocer el caso Universidad de San Carlos: Botín Político».
En el punto cuatro criticó el informe del Inacif al señalar que «como parte de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la realización de un peritaje lingüístico, el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico».
#MPfuerteYfirme
🔎 6 puntos para conocer el caso Universidad de San Carlos: Botín Político ⤵️ pic.twitter.com/yYGtR0bPOH— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 21, 2023
Dicho pronunciamiento ocurrió el mismo día en el cual se desarrolló la audiencia de primera declaración de los seis detenidos por el «Caso toma de la Usac: Botín Político».
La diligencia se realiza en el Juzgado Décimo Penal A, a cargo de Víctor Cruz, y se prohibió el ingreso de la prensa a la sala de audiencias.
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Personal de la judicatura informó que no se había autorizado el ingreso de periodistas ni miembros de organizaciones sociales.
Cruz, quien fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos al incluirlo en la Lista Engel, como parte de los supuestos «actores corruptos y antidemocráticos» de Guatemala, El Salvador y Honduras.
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DENUNCIA DE STALLING
La exmagistrada fue denunciada por el exjuez Carlos Ruano por supuestamente haber ejercido presión en su contra, para que como miembro del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, votara a favor de darle una medida sustitutiva a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien afrontaba a la justicia por el caso IGSS-Pisa.
Eso causó una solicitud de antejuicio en contra de la exfuncionaria, la cual finalizó con la formación de una comisión pesquisidora y el eventual retiro de su inmunidad. Mientras se desarrollaba ese proceso, fue separada de forma temporal de sus funciones como magistrada.
De esa cuenta, se le retiró el derecho de antejuicio. Sin embargo, Stalling busco evitar que las autoridades la presentaran ante la justicia.
Ante eso, Stalling fue buscada por las autoridades y detenida. Se le ligó a proceso por tráfico de influencias, pero finalmente se estableció cerrar la causa penal que se seguía en su contra ante el Juzgado Décimo Penal, a cargo de Víctor Cruz.
Tras ese fallo, fue reinstalada en su puesto como magistrada de la CSJ. Ya en la función pública, denunció a Ruano y a otros profesionales del derecho por supuestamente haber iniciado una investigación en su contra antes de que se le retirara el derecho de antejuicio.
La abogada Claudia González, exmandataria de la CICIG fue detenida por supuestamente haber cometido el delito de abuso de autoridad. De forma reciente, recuperó su libertad por una orden de una Sala de Apelaciones. Además, la abogada Siomara Sosa también está vinculada al caso, y se giró una orden de detención en su contra.
Además, la Fundación contra el Terrorismo (FCT) denunció a Ruano por los señalamientos que hizo en contra de Stalling. Este perdió el derecho de inmunidad y actualmente se encuentra fuera del país para proteger su integridad.
PIDEN INFORMACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PERIODISTA Y HERNÁNDEZ MACK
Asimismo, la Fiscalía pidió información a X Corp sobre medios de comunicación, entre ellos La Hora, Prensa Comunitaria, Ruda GT, la periodista de Guatevisión Leslie Sánchez y la diputada fallecida Lucrecia Hernández Mack.
Mack también contaba con derecho de antejuicio y la información, la Fiscalía la solicitó apenas 20 días después que había fallecido.
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