Las últimas acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) contra funcionarios públicos, incluido el binomio presidencial electo conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera han recibido críticas. Analistas coinciden en que el uso de esta herramienta ha sido una utilizada para encuadrar cualquier tipo de delito en el actuar público en el ejercicio del cargo.
Este viernes 17, un día después de presentar la investigación por el tema Usac, el ente investigador informó que presentó las solicitudes de antejuicio en contra de Arévalo y Herrera, así como diputados electos.
De acuerdo con el ente investigador, el señalamiento contra el presidente electo es porque publicó una serie de twitts relacionados con la situación que se vivía en la universidad estatal, razón por la cual el órgano encargado de la persecución penal pide que se le levante el antejuicio para iniciar una investigación en su contra.
ORELLANA: MP QUIERE OBSTACULIZAR TOMA DE POSESIÓN
El constitucionalista Gabriel Orellana considera como una cuestión de lógica jurídica, que a alguien que goza de antejuicio no se le pueda procesar, pero cree que esto no significa que sea excluido del planteamiento de que le pueda iniciar una investigación.
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«Si se cree que a una persona no se le puede iniciar un proceso penal, estaríamos hablando de alguien que sería no solo inmune, sino impune por sus actos», externó
En cuanto a la posibilidad de que le pueda imputar algún delito en un proceso penal, Orellana cree que el MP debe de aplicar lo que en derecho se conoce como criterio de razonabilidad y proporcionalidad que no es más que la ponderación que los jueces deben dar a la denuncia como la procedencia de lo que se quiere.
Además, cree que esa es una capacidad de los jueces para controlar el uso de abusos que se cometen en la presentación de una denuncia, valiéndose de su procedencia, por lo que afirma que debe analizarse con detenimiento antes de presentar cualquier valoración.
Con relación al antejuicio anunciado contra el binomio presidencial, el constitucionalista asegura que con el actuar del MP lo que se quiere es «obstaculizar», por todos los medios, la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera.
Agrega que, ante la práctica del MP en este tipo de casos, lo que hace es reflexionar y pone a pensar en una alerta de lo que puede ser a futuro al utilizar un elemento del Estado como herramienta para sustentar una dictadura.
IBARRA: PLANTEAMIENTO DE ANTEJUICIO NO ES EL CORRECTO
La directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, cree que el tema no es el antejuicio como una figura legal, sino la criminalización que se le ha dado a las opiniones de personajes que tienen cierta protección, como es el caso de los diputados.
Añade que la utilización de los diferentes tipos penales, no es más que manifestación para perseguir, jurídicamente, a sus adversarios políticos, como es el caso de los diputados Aldo Dávila, Carlos Barrera, Samuel Pérez y Román Castellanos, ejemplificó.
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Ibarra considera que, aunque el planteamiento de antejuicio contra algunos funcionarios no es el correcto, si es la manifestación de que el MP tiene un freno para iniciar algún proceso penal, que en algunos casos, de la coyuntura nacional, se da por el pronunciamiento de una opinión.
La directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, asegura que, en caso de los diputados que han sido señalados por sus opiniones, de no tener la protección que el antejuicio les brinda, seguramente ya fueran parte de algún proceso penal en curso, como es el caso de Marcela Blanco y otros personajes que han mantenido su rechazo a la elección de Walter Mazariegos, como rector de la Universidad de San Carlos (Usac).
Con estos casos, al decir de Ibarra lo que queda claro es que el MP está utilizando lo que está a su alcance para hacer valor su función de persecución penal en contra de quienes no comparten, de alguna forma, la manera cómo se han dado acontecimientos que han dejado duda en la población.
Con la intención de obtener más opiniones con respecto al uso del antejuicio por parte del MP, La Hora intentó comunicarse con los analistas María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacional (CIEN), y Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), sin embargo, no respondieron las llamadas telefónicas.
