Un grupo de organizaciones sociales, que conforman el Frente Ciudadano por la Democracia, solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la ampliación del proceso electoral. Según la petición, este debe finalizar después de la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo.
En el documento se establece que la ampliación del proceso debe abarcar hasta el 15 de enero de 2024, un día después de que el presidente, Alejandro Giammattei, entregue el mando al próximo gobernante.
Directivos del colectivo "Frente Ciudadano por la Democracia" estarán presentando una solicitud para que el periodo electoral sea extendido hasta el 15 de enero de 2024.
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 28, 2023
La Constitución Política de la República de Guatemala establece la alternancia del poder, la cual se debe hacer cada cuatro años, el 14 de enero. La próxima administración se desarrollará en el período 2024-2028.
Dicha petición fue firmada por:
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Frente Ciudadano por la Democracia.
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Otra Guatemala Ya.
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Movimiento por la Democracia.
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Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente.
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Movimiento por los Derechos Humanos.
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ACCIONES DEL MP
En un comunicado del Frente Ciudadano por la Democracia se lee: «Hemos manifestado nuestra preocupación por el devenir del proceso electoral de 2023, que a todas luces lleva la intención de anular la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Así como la criminalización, sin fundamento de ley, emprendida por el Ministerio Público«.
Tras la primera ronda de las elecciones generales, desarrollada el pasado 25 de junio, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) informó de una investigación que desarrollaba en contra del partido político Movimiento Semilla, y que un juez había ordenado la suspensión provisional de la agrupación.
Según las pesquisas, el partido habría incluido, entre los documentos para su conformación, varias firmas falsas de personas que figuraban como afiliadas, entre otros aspectos. Semilla indicó que ese hecho fue denunciado por la propia entidad ante el MP.
Las acciones arreciaron después de la segunda ronda de la elección presidencial, del 20 de agosto último, en la cual se estableció que Arévalo dirigiría el próximo gobierno.
De esa cuenta, las investigaciones de la FECI abarcaron otros aspectos, como a los magistrados del TSE y la adquisición del sistema informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El pasado 29 y 30 de septiembre, dicha unidad del MP secuestró las actas electorales 4 y 8 originales, las cuales resguardan la pureza de los comicios.
Además, la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía de Delitos Electorales solicitaron de manera separada el retiro del derecho de antejuicio a magistrados del TSE, derivado de tres casos.
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POR FINALIZAR PLAZO
Según el decreto 1-2023 del TSE, el proceso electoral concluirá el próximo martes 31 de octubre. Sin embargo, se mantiene en la agenda de esa entidad una petición previa para ampliar el plazo.
El jueves 26 de octubre pasado, el magistrado Ranulfo Rojas indicó que el órgano electoral tenía tiempo para analizar dicha solicitud incluso hasta el día del fin del período.
CONGRESISTAS DE EE. UU.
Por medio de una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, los congresistas estadounidenses Norma Torres, Vern Buchanan y Dina Titus, miembros de la House Democracy Partnership (HDP), solicitaron «a la administración estadounidense que exprese su apoyo a la legitimidad del presidente electo (Bernardo) Arévalo y al partido Semilla antes de que finalice el período electoral».
Además, dijeron que con el fin del proceso electoral también concluyen las garantías de los partidos políticos, que incluyen la imposibilidad de ser suspendidos, como lo ordenó de manera provisional el juez séptimo penal A, Fredy Orellana.
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Con esto, aseguran que se hace «imperativo» que el pleno de Magistrados del TSE amplíe el actual proceso electoral, que culmina el próximo 31 de octubre.
Aseguran entender que dadas las condiciones que se han visto en torno al proceso electoral, incluyendo las acciones legales del MP se hace imprescindible, como mínimo, prorrogar hasta el 15 de enero de 2024.
Añaden que con esto, además de garantizar y salvaguardar la documentación que expresa la voluntad de los ciudadanos realizada el 25 de junio y 20 de agosto, apoya a la totalidad de los integrantes que conformaron las Juntas Receptoras de Votos y evita su criminalización.
Además, consideran que de darse esta ampliación se les estaría proveyendo tranquilidad a los Magistrados del alto órgano electoral ante las diversas manifestaciones de acoso que han sido víctimas.
Esta solicitud se presenta a cuatro días de que se venza el período del proceso electoral 2023, según lo establecido en el Decreto 1-2023 del TSE.