Por Cristian Velix
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El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, recordó a los concejos municipales que, como máximas autoridades en sus territorios, deben promover la solidaridad, el respeto y la no estigmatización de personas con COVID-19.
El pronunciamiento del PDH se dio por el rechazo al funcionamiento de un albergue del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para pacientes leves y asintomáticos a coronavirus en Fraijanes.
El magistrado de conciencia manifestó su preocupación por la no aceptación de dicho lugar y recomendó a los 340 concejos municipales que ejerzan y empoderen su función municipal, y respeten la privacidad y confidencialidad de pacientes con cuadros confirmados de COVID-19.
Asimismo, solicitó que dichas autoridades municipales generen conciencia en la población sobre el virus sin que se fomente el temor, además, de compartir la necesidad de brindar apoyo social y ser solidarios con las personas afectadas por la enfermedad y sus familiares.
De igual manera, el PDH señaló que se debe prever que, ante la emergencia sanitaria, este tipo de albergues tendrán que habilitarse en distintos puntos del territorio nacional y por lo tanto tendrán que coordinarse acciones con autoridades de salud.
El PDH Jordan Rodas manifiesta su preocupación ante el rechazo al funcionamiento de un albergue del IGSS para pacientes leves y asintomáticos a COVID-19 en Fraijanes. pic.twitter.com/78jW8E9Vgr
— Diario La Hora (@lahoragt) May 16, 2020
Por otra parte, el titular de la Procuraduría recomendó a la cartera de Salud y al IGSS establecer el diálogo con autoridades municipales para el funcionamiento de estos lugares, garantizando medidas sanitarias de acuerdo con los protocolos establecidos.
ANAM: ESTAMOS APOYANDO A LOS CONCEJOS
Respecto a este tema, Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidad (ANAM), indicó que están apoyando a los concejos municipales y a los alcaldes, además, de que “el proceso de sensibilización -acerca del COVID-19- siempre lo estamos recalcando”.
Ovalle explicó que la discriminación empezó a darse en contra de los retornados que provenían EE.UU. o México por creer que venían contagiados, pero añadió que fueron los jefes ediles a quienes les correspondió servirles de transportistas y de seguridad para llevarlos a sus lugares de origen.
“A raíz de eso, como se empezó a estigmatizar, y por lo ocurrido en Quetzaltenango, donde un grupo de retornados iba a ser instalado en un centro recreativo y a donde se acercaron un montón de personas, queriendo hacer un relajo, empezamos a trabajar con una mesa de crisis”, subrayó Ovalle.
En esa línea, el presidente de la ANAM expresó que en esta instancia incluyeron a los gobernadores, a la Dirección de Migración, desde la cual empezaron a hacer campañas de sensibilización de que no se puede discriminar a nadie y entender que contagiarse del virus no es un delito.
Estas se divulgaron a través de difusiones locales y se está trabajando también con perifoneo, no obstante, el funcionario dijo que en ocasiones hay grupos que toman sus propias acciones, especialmente, aquellos que no están a favor del alcalde.
En cuanto a cómo están trabajando con la cartera de Salud y el IGSS en la habilitación de los albergues para tratar a personas con COVID-19 en los territorios municipales, Ovalle señaló que, como alcaldes, simplemente, tienen que hacer coordinaciones con el centro de salud.
“Todos los alcaldes estamos en la mejor disposición de apoyar con infraestructura, a sabiendas de que nuestra infraestructura no está diseñada ni mucho menos equipada para el tema de salud”, agregó el jefe edil de Salcajá, Quetzaltenango.
En ese contexto, el alcalde expuso que, si se van a tener que hacer uso de esas instalaciones, esto no va a ser nada cercano a las condiciones que se requieren en temas de salubridad y puntualizó que el Ministerio de Educación (Mineduc) prohibió que establecimientos educativos fueran utilizados para ese efecto.
