Por Cristian Velix
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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, expresó que la modernización electrónica del Organismo Judicial (OJ) requiere de acciones no solo de ese poder de Estado, sino también del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Congreso de la República.
En ese contexto, la magistrada dijo que se deben reformar algunas leyes, además, de que el casillero electrónico ya no sea optativo, sino obligatorio, porque los abogados piden las notificaciones digitales, pero “quieren que se les vaya a notificar a sus oficinas y así no puede ser”.
Por ello, para la modernización electrónica del OJ, la togada explicó que se debe cambiar artículos en el Organismo Legislativo del Código Procesal Penal y del Código Procesal Civil y Mercantil, que exponen lo relativo a las notificaciones personales.
El primer cuerpo legal aludido explica que Ministerio Público (MP) y los defensores podrán ser notificados en sus respectivas oficinas o en el tribunal, sin embargo, no indica que se puede hacer digitalmente, al igual que la segunda normativa mencionada.
Asimismo, la presidenta de la CSJ mencionó que el CANG tiene que habilitar el timbre, el sello y la firma electrónica para los abogados, lo cual serviría para la tramitación de los expedientes judiciales por la vía digital.
“Es trabajo es de todos no solo del OJ, pero muchos abogados no quieren afiliarse al casillero electrónico, entonces hay que volverlo obligatorio. Es un tema complejo”, subrayó la integrante de la máxima Corte del Sector Justicia.
Por último, la funcionara añadió que ya se tiene un proyecto para la digitalización de ese poder de Estado, el cual contiene cinco fases, siendo la primera la implementación de la App OJ, en donde indicó se pueden “consultar cómo van los amparos, los antejuicios, la reprogramación de audiencias, pero no les gusta usarla -a los abogados-. Lo piden y no la usan”.
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PROPUESTAS
En el Congreso recientemente se presentó la iniciativa de ley “Reactivación del Organismo Judicial”, la cual toma como base la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 para intentar hacer reformas en la Ley del Organismo Judicial e impulsar cambios en la impartición de justicia por medios electrónicos.
Los ponentes del proyecto legislativo, entre ellos el diputado Aníbal Samayoa, indicaron que, en efecto, son la firma, el sello y timbres, los impedimentos que dificultan la presentación de escritos vía electrónica ante las Cortes del país.
De esa manera, en ese documento los congresistas señalaron que, como punto de partida, la CSJ y la Presidencia del OJ pueden emitir un Acuerdo o Reglamento que permita que los escritos puedan ser interpuestos digitalmente.
Además, la iniciativa argumenta, por ejemplo, que se puede validar la firma de los abogados y las partes al establecer que los usuarios al sistema electrónico puedan firmar físicamente los memoriales y enviarlos de forma electrónica.
En cuanto al sello, según el proyecto de ley, el CANG podría emitir un reglamento para su registro que sea válido en las distintas actuaciones de la abogacía y notariado, además, de que este “puede ser una firma electrónica avanzada que puede emitir cualquiera de los prestadores de servicios de certificación”.
Para los timbres, los legisladores propusieron que se acepten los que están puestos en el papel, como lo hace la Corte de Constitucionalidad (CC), o que la Junta Directiva del CANG modifique el Reglamento de la Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial para que el impuesto del mismo pueda comprarse en línea.
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HAY AVANCES EN TIMBRE Y FIRMA ELECTRÓNICA
Por su parte, el presidente del CANG, Ovidio Orellana, explicó que tienen un avance del 80% en relación a lo que podría ser el timbre electrónico notarial y forense, el cual, al estar finalizado se tendrá que realizar un ajuste normativo y, con ello, comenzar a adquirirlos y utilizarlos desde las computadoras.
“Aunado a ello, el Colegio estará pronto emitiendo el carné de abogado y notario y el de colegiado activo de manera electrónica, el cual podrán portar en su teléfono con las debidas medidas de seguridad y contará con firma electrónica”, comentó el entrevistado.
Asimismo, el abogado señaló, en cuanto a la firma electrónica, que el Colegio está realizando acercamientos con entidades que prestan ese servicio para verificar la mejor opción y el menor costo, ya que los temas judiciales están migrando hacia la tecnología.
“Al tener la mejor propuesta se hará del conocimiento de los agremiados para que ellos puedan adquirir de manera directa la misma; reunido todo ello, prácticamente, no habrá necesidad de estar acudiendo a los órganos jurisdiccionales o administrativos”, mencionó Orellana.
Además, el profesional afirmó que el Colegio remitió una nota a la presidenta de la CSJ en la que se le exhortó el 21 de abril pasado, que se diera la prestación de la totalidad de los servicios en el OJ tomando en cuenta medidas alternas.
“Que incluye por supuesto lo digital o informático, con observancia de las disposiciones sanitarias -por el coronavirus-”, añadió el profesional, al tiempo que refirió que la Corte debe enfocar su estrategia en lo tecnológico y tener la posibilidad de generar los expedientes electrónicos.
“Debiéndose para ello, hacer los ajustes legales correspondientes en algunas ramas del derecho, tal como ya lo tiene avanzado la Corte de Constitucionalidad”, puntualizó el presidente del CANG.
