Por Cristian Velix
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) informó que, de momento, aún no ha recibido información ni los dispositivos con los cuales hicieron una denuncia pública los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), acerca de comunicaciones que Sandra Torres ha sostenido con algunos integrantes de esa agrupación política.

Según indicó el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dicha unidad de investigación solicitó ayer a la bancada de la UNE que remitieran información y los teléfonos en donde la expresidenciable se dirige a miembros de ese partido, sin embargo, ninguno ha atendido la petición.

Los teléfonos servirían para que la representación del Ministerio Público (MP) pueda hacer la extracción y análisis de los mensajes en donde Torres pide reunirse con legisladores, con lo cual la FECI podría requerir que se le revoque el arresto domiciliario que ella goza actualmente.

Esa petición iría en la línea de la prohibición que tiene Torres de no asistir a reunión política alguna, a pesar de que es Secretaria General de la UNE. Dicha limitación se la impuso la jueza Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “E”, quien, no obstante, la benefició con arresto domiciliario.

CASO

Las investigaciones realizadas por la FECI señalan a Torres de consentir aportes por casi Q6 millones a la UNE, los cuales fueron utilizados como gastos del partido en el 2015, pero no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para ello ese partido, argumenta la Fiscalía, se creó un mecanismo alterno para evitar los controles de la autoridad electoral, que consistía en el uso de empresas para ocultar el origen de los fondos. El monto total de los aportes que no fueron declarados, explican las pesquisas, fue de alrededor de Q28 millones.

Por esa razón, la expresidenciable fue ligada a proceso el 16 de octubre por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. El fallo fue emitido por la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”.

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