Juan Guevara, abogado del expresidente del Congreso Pedro Muadi, emite sus conclusiones por el juicio que se realiza en contra de su patrocinado en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal. Foto La Hora

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

El juicio en contra del expresidente del Congreso, Pedro Muadi, y otras 30 personas acusadas en el Caso Plazas Fantasma, está en su etapa final. Hoy los abogados defensores de los señalados continuaron emitiendo sus conclusiones del debate.

De esa manera, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, presidido por la jueza Oly González, escuchó esta mañana a Juan Guevara, abogado de Muadi, quien señaló que la acusación que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hizo en contra de su patrocinado era imprecisa.

Según el profesional la unidad de investigación del Ministerio Público (MP) incumplió con indicar el dato específico del rubro o partida presupuestaria de la cual se sustrajeron fondos del Legislativo, esto porque se le vincula con apropiación de fondos públicos por la creación de plazas fantasma.

“De tal cuenta que para hacer la confrontación respectiva de hechos es imprescindible que ese dato exista o aparezca que toda vez que es imposible determinar la supuesta sustracción del dinero, si no se especifica el lugar formal o contable del cual este se toma”, manifestó Guevara.

En ese contexto, al cierre de esta nota, Guevara continuaba pronunciando sus argumentaciones, no obstante, se espera que los abogados defensores de los 31 acusados terminen de emitir sus conclusiones este día.

PROCESO

Las investigaciones realizadas por la FECI señalan que entre el 2013 y 2015, una colaboradora de Muadi, tenía firma registrada en 30 cuentas bancarias a nombre de trabajadores del Legislativo, a los cuales se les pagaba salarios desde Q7 mil hasta Q20 mil, sin embargo, no se presentaban a trabajar.

Esas cuentas recibían el dinero proveniente del Congreso por concepto de pago de planillas, tras lo cual eran trasladados a otras cuentas propiedad del ex presidente del Congreso, por quien la Fiscalía pidió que se le condenara a 35 años y nueve meses de prisión.

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