Por Cristian Velix
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La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, decidió dejar en prisión preventiva a cinco implicados en la carpeta judicial en el que se investigan hechos del Caso Aceros de Guatemala y Caso Traficantes de Influencias.
De esa forma, la juzgadora negó el beneficio de arresto domiciliario al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Álvaro Franco y a Geovanni Marroquín, Rigoberto Chacaj y Alfonso Castillo, quienes están sindicados en el Caso Aceros de Guatemala y Caso Traficantes de Influencias.
Asimismo, negó una medida distinta a la prisión para el también ex superintendente de administración tributaria, Carlos Muñoz, señalado en esta judicatura por el Caso Traficantes de Influencias, en el que según las investigaciones se involucraron el diputado Felipe Alejos y el empresario Mario Leal.
La jueza indicó al momento de emitir su resolución que Castillo, Franco y Muñoz laboraban para la SAT y que dentro de sus presuntas funciones estaba instruir u ordenar ilícitamente a sus subordinadas que agilizaran irregularmente devoluciones de crédito fiscal, en específico de la empresa Aceros de Guatemala.
“Por tener elementos en común, eran funcionarios del Estado, se debían al Estado, posiblemente en cuanto a la comisión de hechos ilícitos se forma posiblemente una organización criminal, en ese sentido, considera la judicatura que no les asiste la razón a los respetables abogados (quienes pidieron las medidas sustitutivas)”, afirmó la togada.
A pesar de ello, Domínguez dijo que era viable y pertinente darle arresto domiciliario a Maynor Zimeri, señalado de los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado por el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La juzgadora indicó que al momento de dictar el auto de prisión preventiva, esto se hacía mientras el Ministerio Público (MP) llevaba a cabo el desarrollo de la investigación y no el proceso penal, por lo que ahora se le podía otorgar medidas sustitutivas.
Hay que recordar que el acto conclusivo (finalización de la investigación) por las pesquisas en contra de la involucrados en este último caso, entre ellos Zimeri, fue presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) el viernes pasado.
CASOS
Según las investigaciones en el Caso Aceros hubo un grupo delictivo que intervino en la SAT con el fin de desestimar denuncias millonarias en contra de Aceros de Guatemala, como también de agilizar la devolución de crédito fiscal para esta empresa a cambio de comisiones.
En este hecho intervino Geovani Navas y Álvaro Franco, quienes, posteriormente, junto con Carlos Muñoz, fueron señalados en el Caso Traficantes de influencias. En este expediente judicial, la FECI indica que Navas en complicidad de los jefes de la Superintendencia ofrecía servicios de agilización de devolución de crédito fiscal para empresas.
Estas acciones se hacían presuntamente con el fin de obtener ciertas comisiones y los captadores de empresas para este fin, según la Fiscalía, eran Alfredo Ledo, el diputado Felipe Alejos y el empresario Mario Leal. Aparentemente, parte de ese dinero obtenido irregularmente se usó para financiar gastos de la UNE en 2015.
