Por Cristian Velix
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La jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, explicó este día que el Gobierno de Guatemala aún no se ha pronunciado acerca de las medidas de protección otorgadas a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dichas medidas fueron dadas a la juzgadora por la Comisión el 23 de octubre pasado y le proporcionaba al Gobierno un plazo de 15 días para que informara en torno a los aspectos adoptados por este, acerca de las medidas requeridas.
Sin embargo, hasta la fecha, indicó la togada, no ha recibido ningún acercamiento y sigue sin obtener respuesta de las mismas, en medio de una situación en la que Aifán denunció un nuevo seguimiento hacia ella y hechos de filtración de información de su judicatura.
La CIDH pidió que se adopten las acciones necesarias para proteger la vida e integridad de la jueza, como también las disposiciones necesarias para que ella pueda llevar a cabo sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos.
SIN RESPUESTA
Según explicó Lindy Velásquez del Área de Defensores de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), la notificación de las medidas cautelares llega por medio de esta institución.
Posterior a ello, se procede a informar a las demás instituciones que tienen relación para darle cumplimiento a esas medidas, pero al consultarle cuáles eran estas no las refirió, aunque tras de ello dijo que se debía hacer el requerimiento de la información por la vía de la Ley de Acceso a la Información Pública.
HECHOS
En su momento la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) pidió que se le diera la protección a la jueza y proporcionó información relativa a hechos que le afectaban, entre ellos represalias por conocer caso de alta represión mediática.
Asimismo, los datos de la Procuraduría detallaban la influencia recibida de una Corte de Apelaciones en su independencia judicial, en la medida de forzar a la jueza a resolver a favor de una persona procesada, esto en referencia de la Sala Tercera de Apelaciones y el condenado por el Caso Migración, Igor Bitkov.
De igual manera, la solicitud explicaba una campaña de desprestigio en redes sociales y que tanto Aifán como su familia recibieron amenazas. Tras un análisis la CIDH solicitó que se dieran las medidas a favor de la togada.
Por otra parte, la juzgadora denunció una nueva persecución en su contra al indicar que el 24 de octubre pasado, un día después de que se le otorgaran las medidas cautelares, esto al existir un seguimiento de parte de una persona originaria de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, quien estacionó su auto frente a su residencia ese día en horas de la madrugada.
