Por Cristian Velix
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La Sala Tercera de Apelaciones benefició a sindicados en el caso que investiga irregularidades en la firma del Pacto Colectivo en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en 2013, expediente en el que están señalados el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, el abogado César Landelino Franco López, así como también sindicalistas.
Esa judicatura admitió un recurso legal promovido por los abogados de los señalados, ordenando que este proceso debe resolverse en un juzgado de Trabajo y Previsión Social y no por la vía penal como se diligencia actualmente, esto al estar a cargo del Juzgado Quinto de Instancia Penal, dirigido por la jueza Judith Secaida.
Con esta resolución de la Sala todas las actuaciones legales de este expediente llevadas a cabo por la Fiscalía Contra la Corrupción quedan sin efecto, en un proceso penal que ya tiene ligadas al mismo a varias personas.
«Es algo que no compartimos y vamos a impugnar por todos los medios que estén a nuestro alcance», afirmó Stuardo Campo, jefe de la mencionada unidad de investigación del Ministerio Público (MP), al ser consultado al respecto.
En esa misma línea, el investigador dijo que lo que procede es interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que sea esta la que conozca el asunto, con lo que pretenden revertir la resolución a través de ese medio de impugnación.
En el caso que la máxima Corte del Organismo Judicial (OJ) no resuelva de forma favorable, el fiscal agregó que podrían interponer una acción constitucional de amparo, esta sería conocida por la Corte de Constitucionalidad (CC).
CASO
Las investigaciones iniciales implican al menos a 16 personas en anomalías por la firma del Pacto Colectivo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) y la cartera de Salud, cuando Jorge Villavicencio dirigía el MSPAS.
La Fiscalía detalló que se cometieron tres anomalías en la suscripción de ese convenio, la primera fue la inserción ilegal y arbitraria de un Reglamento de Viáticos, lo cual es facultad del Presidente de la República, quien debe promulgar, ejecutar y sancionar dichas normativas.
La segunda, el pago de honorarios, por ese Pacto, para el abogado César Landelino Franco López, quien aparentemente se benefició de Q14 millones del Estado, sin embargo, los desembolsos se hicieron sin contar con un contrato, hecho que es contrario a lo que señala la Ley de Contrataciones que establece que se debe celebrar un convenio administrativo cuando el pago sea superior a Q100 mil.
De igual manera, la representación del MP señaló que para esa suscripción no hubo un Dictamen de Disponibilidad, Presupuestaria y Financiera, situación que conllevó a que posteriormente el MSPAS pidiera una ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas (Minfin).
La Sala Tercera de Apelaciones está integrada de forma titular por Jaime González, Beyla Estrada de Brito y Zonia de la Paz Santizo.
