Por: Cristian Velix
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Desde que asumió el puesto en mayo del año pasado, la fiscal general, María Consuelo Porras, ha anunciado investigaciones de oficio en momentos de crisis o por sucesos que trascienden de la coyuntura nacional, sin resultados aparentes, según información requerida por este vespertino.
La Hora consultó al Ministerio Público (MP) cómo han avanzado al menos diez casos de investigación anunciados por Consuelo Porras y que van desde determinar responsabilidades por la tragedia ocurrida por la erupción del Volcán de Fuego en junio de 2018, hasta el intento por parte del gobierno de Jimmy Morales por adquirir dos aviones Pampa III a Argentina.
De los procesos consultados, únicamente informaron que las investigaciones continúan y salvo una de las indagaciones anunciadas por la actual jefa del MP está por concluir.
En esa línea, Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), expresó que la lectura inicial respecto a estas averiguaciones es que frente a estos casos en donde podría haber implicaciones del Estado o de funcionarios estatales, siempre hay una falta de “diligencia de vida” en cada una de las investigaciones.
“Esto quiere decir que son muy lentas, nunca son exhaustivas y siempre encuentran ‘peros’. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Guatemala por responsabilidad del Ministerio Público, precisamente por no ser diligente, por no tener una gestión efectiva”, manifestó el también profesor universitario.
Dicha situación, agregó el analista, se traduce en dos hechos concretos, el primero que es una falta real de acceso a la justicia por parte de las víctimas y el segundo el incumplimiento de resolución oportuna de los casos para la obtención de justicia.
Asimismo, Samayoa explicó que la actual administración puso fin a aspectos como la persecución penal estratégica que se venía desarrollando desde el fiscal general, Amílcar Velásquez Zarate, quien a su consideración había permitido un enfoque específico en el quehacer del MP.
Además, añadió que esa institución ha retomado el modelo de manejo interno que se tenía antes de 2008, es decir, que se ha vuelto a un modelo más lento, burocrático y expansivo, en el sentido que no es estratégico.
“El giro que tendría que dar es retomar las visiones estratégicas de la persecución penal y retomar o repotenciar el modelo de gestión que se tenía en cuanto a la investigación y la persecución penal”, afirmó el integrante del CEG.
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ES UN SELLO DISTINTIVO
Por su parte, Lorena Escobar de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), comentó que actualmente se ve un modelo diferente en el MP del que estábamos acostumbrados como sociedad en el tema de transmitir la labor de lo que se está haciendo.
“Es un sello distintivo de esta gestión que se observó desde el primer día hasta la fecha, también vemos que las investigaciones iniciadas en la administración anterior no se vieron suspendidas, sino continuaron, aunque con algunos tiempos distintos”, expuso la profesional.
La entrevistada indicó que ahora hay formas diferentes de manejar los casos, ya que Porras delega a los fiscales la presentación de resultados y que ella no toma protagonismo respecto a ese aspecto, sino por el contrario, son quienes los que están involucrados en la investigación y persecución penal quienes dan la información.
“En la administración anterior había una comunicación constante de lo que se estaba haciendo, acá no, es sigilosa la investigación y la persecución penal, es un cambio total en cuanto a la gestión de la información, la investigación y la persecución penal de los casos”, expresó Escobar.
A pesar de ello, la analista dijo que se espera que las investigaciones de oficio que ha anunciado la Fiscal General se judicialicen, que haya una presentación de los expedientes al Organismo Judicial identificando a los presuntos responsables y que finalmente lleguen a una sentencia.
“Se espera que esta administración continúe con el fortalecimiento del MP, tanto en el área investigativa como de persecución penal, tomando en consideración los fenómenos criminales que son cambiantes y que además pueda ampliar la cobertura geográfica del servicio que presta, atendiendo a las poblaciones más vulnerables”, finalizo la experta.
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ASÍ VAN LOS CASOS
AVIONES PAMPA III
La Fiscal General expresó que se iniciaría una investigación por la compra de dos aviones Pampa III a Argentina, cuyo costo era de US$28 millones, adquisición que según señaló la Contraloría General de Cuentas (CGC), no era procedente ya que no se estaba realizando con base a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. La Fiscalía Contra la Corrupción, dirigida por Stuardo Campo, es la que tiene a cargo las pesquisas, las cuales aún siguen en desarrollo.
Esta unidad de investigación tuvo a su cargo el Caso Vivienda Digna, mismo en el que fue absuelto de todos los cargos penales el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.
FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN CASO RED DE PODER
El MP anunció en agosto que se investigaría la fuga de información que ocurrió en el Caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, esto debido a que cuando se buscaba ejecutar cuatro órdenes de captura, una de ellas en contra de Gustavo Alejos, ninguna se pudo efectuar. Un día antes que se buscaran hacer las aprehensiones, en Twitter, se indicó que habría “capturas y allanamientos”. Las averiguaciones le corresponden a la Fiscalía de Delitos Administrativos, a cargo de Melvin Medina, y siguen en desarrollo.
Esta sección tiene entre sus expedientes indagaciones por el uso irregular de un vehículo del Congreso por parte del hijo del diputado Juan Ramón Lau, las cuales siguen sin resultados.
TRAGEDIA EN VOLCÁN DE FUEGO
La Fiscalía de Delitos Contra la Vida sigue investigando si se tomaron las decisiones prudentes y oportunas para evitar la tragedia ocurrida por la erupción del Volcán de Fuego y en el que murieron más de un centenar de personas.
“El giro que tendría que dar es retomar las visiones estratégicas de la persecución penal y retomar o repotenciar el modelo de gestión que se tenía en cuanto a la investigación y la persecución penal”.
Oswaldo Samayoa, Centro de Estudios de Guatemala.
USO DE LOS JEEP J8
El MP explicó que iniciaría investigaciones por el uso indebido que el Gobierno de Guatemala le dio a automóviles Jeep J8 los cuales fueron donados por EE. UU. con el fin de combatir el narcotráfico, sin embargo, los mismos transitaron alrededor de instalaciones de la CICIG cuando el presidente Jimmy Morales anunció el 31 de agosto del año pasado que no renovaría su mandato. Las diligencias para deducir las responsabilidades acerca de este hecho están en desarrollo y las lleva a cabo la Fiscalía de Derechos Humanos, dirigida por Hilda Pineda.
Esta Fiscalía ha dirigido pesquisas en contra del viceministro de Gobernación, Remberto Ruiz, por presuntamente cometer un asesinato, sin embargo, él fue dejado en libertad.
NOMBRAMIENTOS ILEGALES
Consuelo Porras señaló que durante la gestión de Thelma Aldana en el MP hubo irregularidades en el nombramiento de la Coordinadora Regional y de jefes de la Fiscalías Regionales, debido a que no existía un reglamento para realizarlos.
Esta investigación sigue en desarrollo por la Fiscalía de Delitos Administrativos, misma que ya accionó en contra de Aldana, por la supuesta prestación irregular de servicios en el MP cuando se contrató en ese ente a Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Derecho de la Usac.
TESTIGOS NO IDÓNEOS
La Fiscalía de Asuntos Internos, dirigida por Marlon Pacheco, está por concluir las pesquisas por el supuesto uso de testigos no idóneos en el Caso Ejecuciones Extrajudiciales, una carpeta judicial investigada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Esta sección de investigación realiza las investigaciones de la presunta compra irregular de un edificio para el MP durante la administración de Aldana.
En su momento, la Fiscal General manifestó que el MP recibió una denuncia que posiblemente implicaba a personal que laboraba en la FECI. El CACIF protestó en contra de este caso en el que se señala al exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y rechazó que se abrieran procesos ya juzgados y el uso de testigos no idóneos.
“Es un sello distintivo de esta gestión que se observó desde el primer día hasta la fecha, también vemos que las investigaciones iniciadas en la administración anterior no se vieron suspendidas, sino continuaron, aunque con algunos tiempos distintos”.
Lorena Escobar, Asies.
VÍNCULOS DE CASH LUNA CON MARLLORY CHACÓN
La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero aún no culmina las pesquisas del posible vínculo entre el pastor Cash Luna y la narcotraficante Marllory Chacón, para financiar la construcción del templo Casa de Dios ubicado en el kilómetro 21 de la Carretera a El Salvador, Fraijanes. La cadena de televisión Univisión fue la que señaló esa presunta relación, sin embargo, la fiscalía mencionada, dirigida por Sara Sandoval, sigue investigando.
La unidad de trabajo del MP referida tiene a su cargo el proceso penal en contra del exministro de la Defensa, Williams Mansilla, por el Caso Bono Militar.
DESOBEDIENCIA A LA CC
El MP inició otra investigación por señalamientos en contra de Sandra Jovel y Enrique Degenhart, ministros de Relaciones Exteriores y de Gobernación, respectivamente, además de altos mandos de la PNC, por emprender acciones en contra de la CICIG y de esa forma no cumplir con lo dispuesto por la CC de no impedir el trabajo de la Comisión. El proceso de las pesquisas sigue en desarrollo por la Fiscalía de Delitos Administrativos.
ANTECEDENTES SAMMY MORALES
La PNC eliminó los antecedentes policiales de Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, previo a que Sammy fuera proclamado por FCN-Nación como aspirante a una curul en el Congreso y a pesar de que tenía en ese entonces el proceso penal abierto en su contra por el Caso Botín Registro General de la Propiedad. Las indagaciones las realiza la Fiscalía de Delitos Administrativos y aún no concluyen.
INDEMNIZACIONES EN EL CONGRESO
La Fiscalía de Delitos Administrativos siguen sin terminar las pesquisas en contra de miembros de la Junta Directiva del Congreso del 2018, presidida por Álvaro Arzú Escobar, por autorizar el pago de casi Q23 millones para indemnizar al menos a 20 trabajadores del Legislativo.
