Por: Cristian Velix
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El Juzgado Cuarto de Instancia Penal, dirigido por el juez Pedro Laynez, rechazó un amparo interpuesto por la empresa Tigo para separar al investigador Luis Mejía de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Caso Subordinación de Poderes.
La entidad comercial argumentaba para que el fiscal fuera separado de ese expediente judicial que existía una enemistad entre la empresa y el investigador, no obstante, la judicatura rechazó dicha acción, por lo que confirmó a Mejía a cargo de esa carpeta judicial.
No es la primera vez que Tigo interpone recursos legales para que el integrante de la FECI desconozca el caso, ya que anteriormente hizo una petición a ese mismo órgano jurisdiccional para que quedara sin efecto la decisión de Juan Francisco Sandoval, jefe de la unidad de investigación referida, de dejar al frente de las pesquisas de ese caso a Mejía.
HECHOS
Según la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hubo un grupo de diputados que recibieron sobornos a cambio de la aprobación de determinadas leyes en el Congreso de la República. Los montos que presuntamente recibieron fueron de Q50 mil cada dos meses.
Esos pagos irregulares provenían aparentemente de Tigo, según las pesquisas de la Fiscalía, los cuales fueron entregados por los directivos de la empresa, Luis Fernando Valladares Guillén y Acisclo Valladares Urruela (actual ministro de Economía, también señalado en esta investigación). Los entes investigadores detallan que la entidad mencionada se benefició de la aprobación de una normativa pactada bajo ese mecanismo.
