Por: Cristian Velix
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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó al Juzgado de Mayor Riesgo “A” que la excandidata a la Presidencia, Sandra Torres, se negó a ser evaluada médicamente, por lo que no pudo emitir un dictamen acerca de su estado de salud.
Anteriormente, la judicatura mencionada, dirigida por la jueza Claudette Domínguez, autorizó el traslado de la exprimera dama de la nación a un centro asistencial privado, por padecer de presión alta. La exaspirante a la primera magistratura del país lleva poco más de dos semanas en el sanatorio.
Posterior a ello el juzgado envió un oficio a la Inacif para que determinara si Torres debe continuar hospitalizada o si debe regresar a Mariscal Zavala, sin embargo, ante la negativa de que médicos de esta entidad le practicaran los exámenes de salud, serán los doctores del centro asistencial en el que está internada los que deberán elaborar un informe al respecto.
CASO
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) sostiene que Torres consintió la recepción de aportes a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por casi Q6 millones, cuyo uso en gastos de la agrupación política no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por esos hechos ella está sindicada por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
