Por Cristian Velix
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El presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), Haroldo Vásquez, calificó como un logro enorme e importante las medidas de protección otorgadas a la jueza Erika Aifán de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Lo vemos favorable, nos parece que era muy oportuno que se brindaran estas medidas, con ellas el mismo Estado de la República de Guatemala tiene la obligación de brindar seguridad a la jueza”, agregó el juzgador.
El togado manifestó que, como Asociación, de la cual es integrante Aifán, se encuentran satisfechos de que se hayan otorgado a favor de la juzgadora, lo cual indicó ya se había solicitado desde la participación que ellos tuvieron en un evento de la CIDH de mayo pasado en Jamaica.
“Es un logro enorme y un mensaje importante porque dentro de la misma resolución detalla que son (otorgadas las medidas) por los ataques que ella ha sufrido o porque se hacen evidente las afectaciones a la independencia judicial, representada en el rol que ella desempeña”, añadió Vásquez.
Asimismo, el presidente de la AGJI resaltó que en el documento en el que se patenta la decisión de la Comisión se hace referencia a una Sala de Apelaciones, que en su momento pudo haber afectado la labor de la juzgadora, por el rol de independencia judicial que ella hace.
El órgano jurisdiccional en mención es la Sala Tercera de Apelaciones, de la cual Aifán señaló, en su momento, que la estaba obligando a efectuar una orden ilegal al requerirle que cerrara el proceso penal de Igor Bitkov, condenado por el Caso Migración.
“Es trascendental que llegue este mensaje, en donde la CIDH exige al Estado de Guatemala, que implica también a la Corte Suprema de Justicia y al (Organismo) Ejecutivo que deben de proteger a los jueces independientes, en este caso representados en ella, es un logro enorme, es un logro importante porque clarifica a la población qué es lo que está sucediendo”, puntualizó el entrevistado.
MEDIDAS
Según la resolución de la CIDH, a partir de casos mediáticos que la jueza ha llevado, empezó a ser objeto de represalias. La solicitud entregada explicó la existencia de una supuesta campaña de desprestigio en redes sociales y que tanto Aifán como su familia recibieron amenazas.
Por eso la Comisión requirió al Estado guatemalteco adoptar las medidas necesarias para proteger a la jueza y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Boanerge Mejía, Francisco Mata de Vela, José Mynor Par Usén y María Cristina Fernández, quienes estarían siendo objeto de amenazas y hostigamiento en el marco de sus labores.
