Por Eder Juárez
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la jueza Erika Aifán y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela, José Mynor Par Usén y María Cristina Fernández y solicitó al Estado guatemalteco adoptar las medidas necesarias para proteger a la jueza y a los magistrados quienes estarían siendo objeto de amenazas y hostigamientos en el marco de sus labores. Ante ello, Oswaldo Samayoa del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) dijo que estas medidas indican que hay una crisis de independencia judicial en Guatemala.
De acuerdo con Samayoa, Guatemala es uno de los pocos países del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que debe pedir medidas cautelares para proteger a los jueces. Ahora el Estado debe cumplir con protegerlos y debe respetar la independencia judicial, indicó.
“Son los límites efectivos al poder y a los posibles abusos de poder que se hagan, una de las obligaciones al otorgar medidas cautelares nos debe indicar que hay una verdadera crisis de independencia judicial”, manifestó Samayoa.
Además, señaló que es lamentable que los jueces tengan que pedir medidas cautelares para proteger su integridad personal, “deberían de estar libres de cualquier amenaza y más de aquellas que puedan provenir de los entes estatales, como las que se conocen que hizo el Ejecutivo haciendo circular los vehículos Jeep J8, frente a la Corte de Constitucionalidad en meses anteriores”.
Según Samayoa, el Estado tiene la obligación para que los jueces estén seguros en todo el sentido de la palabra, “para que la impartición de justicia, la resolución de conflictos y para un método objetivo de limitar el poder, pueden ejercer su función”.
De acuerdo con el abogado, si el Estado no cumple con estas medidas, la ciudadanía debe activarse en defensa de los jueces y exigir la transformación del modelo, “creo que es posible en el próximo Congreso plantear nuevamente la estructuración del modelo de justicia”.
También advirtió que se está a las puertas de que un caso llegue a la Corte Interamericana y se evidencie las estructuras de un sistema impune, es decir, “cómo el sistema ha sido manipulado a sabor y antojo de quienes están en el Ejecutivo y Legislativo y eso nos lleve a nuevas obligaciones de fondo y urgentes de reforma”.
