Por Cristian Velix
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El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, autorizó este día al Ministerio Público (MP) para que inicie las gestiones de extradición de Allan Marroquín, exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y quien está señalado en el Caso TCQ, así como del exministro de Energía y Minas, Erick Archila, vinculado al caso Cooptación del Estado.
“Se admite para su trámite el requerimiento, la información y la documentación que complementan el requerimiento de formal extradición ante el Gobierno de los Estados Unidos de América de Allan Herbert Marroquín Castillo”, expresó el juzgador durante la audiencia.
Dicho procedimiento se hace por la posible comisión de parte de Marroquín Castillo de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, esto por una investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Hace tres años se reportó la captura de Marroquín en Estados Unidos, aunque en ese momento se detalló que su aprehensión en ese país se debía a una situación migratoria irregular y no por el caso de corrupción al que se le vincula.
Gálvez también autorizó al MP para que realice las diligencias para la extradición del exministro Erick Archila, a quien se vincula al Caso Cooptación del Estado. El extitular de la cartera de Energía y Minas es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
LOS CASOS
Según las pesquisas, Marroquín fue parte de una estructura criminal, en el que también están presuntamente implicados el expresidente, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, además de otras personas, que aparentemente se aliaron para obtener beneficios de la celebración de un contrato millonario a favor de la empresa TCQ S.A., a la cual se le otorgaría un terreno de la EPQ, para la operación de una terminal privada de contenedores.
En el caso Cooptación del Estado, en el que está vinculado Archila, también están sindicados Pérez Molina y Baldetti Elías, así como empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, señalados de liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado guatemalteco con el fin de enriquecerse de manera ilícita.
