Por Cristian Velix
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El juez Eduardo Cojulun, titular del Juzgado Undécimo de Instancia Penal, otorgó medidas sustitutivas este día a tres señaladas en el Caso Gerencial Asunción de la Zona 5, en el que se investiga la compra de un supuesto edificio sobrevalorado para el Ministerio Público (MP).
En esa línea, el juzgador dio arresto domiciliario a Miriam Salazar Duarte de Lossi, ex jefa administrativa del MP; Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora adminitrativa y Diana Odette Benavides Lázaro, exjefa del Departamento Jurídico de esa institución. El beneficio no incluye caución económica, pero las sindicadas no podrán salir del país, ni comunicarse al área Administrativa del MP, como también deben firmar en la sede del ente encargado de la persecución penal cada ocho días.
A pesar de la decisión del togado, las tres señaladas fueron ligadas a proceso por el delito de fraude, pero se les dictó falta de mérito por el ilícito de abuso de autoridad, en tanto que, para Benavides Lázaro, también le desestimó el delito de incumplimiento de deberes.
El juez basó su decisión indicando que la Contraloría General de Cuentas (CGC) refirió que hay una sobrevaloración y que sí existe la posible participación de ellas en las supuestas inconsistencias investigadas en el expediente judicial.
Asimismo, Cojulun decidió que Lourdes Layton, de la Fundación Grandiosa Es Fusión, con quien el MP inició la comunicación para la compra del edificio, no debe, de momento, enfrentar proceso al declarar la falta de mérito a su favor por el delito de apropiación indebida de tributos, explicando que no se agotó el procedimiento tributario administrativo, previo a la acción penal.
Con esta citación la audiencia de primera declaración concluyó y la Fiscalía de Asuntos Internos tendrá cuatro meses para finalizar con la investigación, siendo el 7 de febrero del próximo año, cuando la unidad de investigación deba presentar el acto conclusivo.
INVESTIGACIÓN
Según el MP, junto a la sobrevaloración en la compra del inmueble, hubo un conjunto de inconsistencias durante el proceso de adquisición, señalando que no se había cumplido con lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado. De esa manera, la Fiscalía argumentó que no se contaba con Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones para hacer la compra, además de que el edificio tenía irregularidades con el agua potable, como también la falta de repello de paredes.
