Por Christian Gutiérrez
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Esta mañana los abogados defensores de las cuatro sindicadas en el Caso Gerencial Asunción zona 5, emitieron sus argumentos ante el juez José Eduardo Cojulún, titular del Juzgado Undécimo.
Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado defensor de Miriam Salazar Duarte, ex jefa administrativa del Ministerio Público (MP), cuestionó los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), los cuales son la base del MP para presentar las acusaciones en este caso, indicando que todo fue publicado en el portal Guatecompras.
Foppa dijo que la Contraloría señala que se adjudicó el contrato del edificio, pero que este no era necesario ya que se hizo bajo una compra directa.
“En este proceso hubo una total transparencia, total y completa transparencia, acá no hubo nada opaco como lo está queriendo hacer ver el Ministerio Público, tan transparente fue el proceso que se publicaron y lo puede ver en Guatecompras porque ahí está todo el proceso”, dijo Foppa.
Asimismo, el abogado aseguró que su defendida dio la orden que se subiera al portal de Guatecompras la documentación del proceso de adquisición directa de la compra del edificio, esto sucedió el 4 de octubre de 2017.
El abogado pidió al juez que se decretara falta de mérito para su patrocinada y que no fuera ligada a ningún tipo de proceso penal por presuntas inconsistencias en la presentación de los hechos sindicados.
Asimismo, los abogados defensores de Patricia Beatriz Guzmán Rivera, Diana Odette Benavides Lázaro y Lourdes Layton, también solicitaron al juzgador que sus patrocinadas quedaran fueran de dicha acusación.
La audiencia en la que el juez determinará si liga a proceso a las sindicadas quedó programada para el 8 de octubre a las 12:00 horas.
MP PIDIÓ QUE SE LIGARAN A PROCESO
El Ministerio Público solicitó ayer que las señaladas fueran ligadas a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, apropiación indebida de tributos y fraude.
El fiscal Marlon Pacheco dijo ayer que, en relación con la compra de dicho inmueble, no se había cumplido con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
Según el representante del MP, para poder hacer una adquisición era necesario tener un Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, con el cual no se contaba al momento de comprar el edificio.
Pacheco resaltó durante su intervención que algunos de los problemas que presentaba el edificio, eran las irregularidades de agua potable, además de que faltaban detalles como el repello en las paredes de ese inmueble.
En este caso también está señalada la exfiscal general Thelma Aldana, quien además tiene una orden de captura por supuestamente haber aprobado la compra del edificio para el uso del MP.
