El Banco de Guatemala (Banguat) y la Superintendencia de Bancos (SIB) se suman a la lista de instituciones gubernamentales cuyos titulares están próximos a terminar su periodo, y al igual que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), están en la mira del gobierno del presidente Alejandro Giammattei para asegurar control, como ha ocurrido con otras instituciones.
A casi 13 meses de las elecciones generales y 18 que Giammattei deje su cargo, la sustitución de titulares en importantes entidades del Estado figura como una estrategia clave para el oficialismo, tal y como se ha evidenciado en los últimos años con designaciones de funcionarios vinculados a la administración.
La reciente confirmación de Consuelo Porras para otro periodo como Fiscal General; la elección de Shirley Rivera en presidencia del Congreso de la República, así como la designación del diputado de Vamos, Duay Martínez Salazar, como representante del Legislativo ante la Junta Monetaria, son algunos de los relevos concretados recientemente por el oficialismo.
Además, figura la polémica elección de Walter Mazariegos, afín a la administración, como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se suman a la pasada integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) con Leyla Lemus siendo la clave.
Importante ha resultado para el oficialismo mantener a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés. Fue ella la que maniobró en la Comisión de Postulación para Fiscal General para dar tiempo necesario con el afán que se presentara el amparo y la CC resolviera en favor de Porras.
EL BANGUAT
A la fecha, aún quedan otras designaciones tentativas para que el oficialismo amplíe su dominio, como el nombramiento del próximo presidente y vicepresidente de la Junta Monetaria, quienes también lo son del Banguat, cargos que hoy ocupan Sergio Recinos y José Blanco, hasta el próximo 30 de septiembre. Ambos tienen la opción de ser reelectos por otros seis años por el mandatario.
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Banguat, el Presidente de la JM y del Banguat tiene las atribuciones de proponer a la Junta Monetaria la política monetaria, cambiaria y crediticia, incluyendo las metas programadas, así como “atender las relaciones con autoridades y organismos del Estado, particularmente con el Organismo Ejecutivo”, y procurar la coordinación de la política económica, financiera y fiscal del Estado, con la política monetaria, cambiaria y crediticia para lo cual asistirá a los gabinetes específicos a los que sea invitado.
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— Diario La Hora (@lahoragt) May 21, 2022
La importancia de este órgano radica en que sus miembros evalúan y aprueban los préstamos del Estado, mientras velan por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional.
Recinos, quien había sido designado vicepresidente, pasó a ocupar la presidencia de forma interina cuando el presidente del Banguat, Julio Suárez fue capturado y en prisión preventiva por el caso conocido como IGSS-PISA.
Posteriormente, en septiembre de 2018, el entonces presidente Jimmy Morales confirmó a Recinos en la presidencia, el cual finaliza este año.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
De la misma forma, el Superintendente de Bancos, Erick Armando Vargas Sierra, concluye su periodo el 30 de septiembre, quien también es nombrado por el Presidente de la República para un periodo de cuatro años y es seleccionado de una terna propuesta por la Junta Monetaria con el voto favorable de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de dicha Junta.
De la designación del titular de la SIB dependen los nombramientos internos, como la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dirigida por el intendente Saulo de León Durán, quien fue nombrado por la JM a propuesta del Superintendente de Bancos, según lo establecido en la Ley Orgánica de la SIB.
La IVE es la unidad encargada de elaborar análisis para detectar posibles casos de lavado de dinero que utilicen el sistema financiero del país.
De acuerdo con el artículo 43 de la “Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos”, no se podrá iniciar proceso penal en contra del Superintendente de Bancos y del Intendente de Verificación Especial, o de quienes los sustituyan en el ejercicio de sus cargos, sin que previamente la CSJ declare que da lugar al mismo.
PDH, INACIF, CGC Y CNEE
En la nota de La Hora: “PDH, Inacif, Contraloría y CNEE ¿irá el oficialismo tras ellos?”, se detalla como el oficialismo opera para asegurar control en esas instituciones como lo hicieron con el MP.
FINANZAS PÚBLICAS
A raíz del crecimiento económico de 7.5% registrado en el 2021, que ha sido analizado por expertos como un efecto rebote, diversas autoridades del gobierno de Giammattei, especialmente las de índole económica, se han encargado de resaltar los “buenos resultados” macroeconómicos y de finanzas públicas del país.
Lo anterior ha funcionado para el gobierno de turno como un respaldo para justificar la aprobación de proyectos de ley como el criticado “Préstamo para Políticas de Desarrollo de Respuesta y Recuperación ante la crisis en Guatemala (DLP-1, en inglés)” por US $500 millones, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, aprobado finalmente por el oficialismo y sus aliados el pasado 18 de mayo.
