El controversial contrato de arrendamiento de bienes que suscribió la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Ferrovías) a favor de la empresa mexicana Remed, S.A., para la construcción de la primera fase del Ferrocarril Bicentenario ha generado varias reacciones por parte de diversos actores de la sociedad civil guatemalteca.
En especial, porque consideran que al ser una concesión público-privada donde el 81.1% de las acciones de Ferrovías pertenecen al Estado de Guatemala se debe aplicar la literal C del artículo 1 de la Ley de Contrataciones, es decir, deben ser de conocimiento público los detalles de la negociación.
ARTÍCULO 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación.
Esta Ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen:
b) Las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades;
c) Las entidades o empresas, cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado*
Sobre el contrato firmado el viernes 14 de enero por el único administrador de Ferrovías, José Fernando Ulloa Rosenberg y el representante legal de Remed, Carlos Álvarez de Alba; tres analistas compartieron su postura con La Hora.
MEDINA: EL PUEBLO TIENE DERECHO A CONOCER LA NEGOCIACIÓN
“Tenemos todo el derecho de conocer cuáles fueron las interioridades de la negociación que se hizo con esa entidad para efecto de concesión”, demandó Abelardo Medina, economista macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
De acuerdo con Medina, si bien en algunos casos se puede concesionar como Estado el uso de bienes públicos, eso no significa que el pueblo esté exento de conocer la situación de la administración de dichos bienes.
Además, destacó que los individuos como tal, no tienen que dar a conocer el manejo interno de la empresa privada en el sentido estricto; sin embargo, sí se tiene derecho de saber cuáles fueron las interioridades de la mencionada negociación.
Según el analista, el problema real es que los funcionarios a cargo, como es el caso del ministro de Economía, Antonio Malouf se limitan a decir que no tienen que dar información sobre la concesión porque se trata de una empresa privada, situación que Medina considera errónea ya que se trata de bienes públicos.
“No podemos ceder ningún tipo de uso, administración, mantenimiento, lo que queramos, de ningún tipo de bien público sino se conoce apropiadamente cuáles son las condiciones”, enfatizó.
CASOS SIMILARES
Además, recordó que este tipo de situaciones ya se han dado en el país, como los canales de televisión y frecuencias públicas, la pista Palín-Escuintla y mineras, acontecimientos en donde “el gobierno cede el uso, explotación y requerimiento de empresas” y la población guatemalteca no recibe nada a cambio por ceder el uso de la tierra.
“Si los canales de televisión y las frecuencias son un bien público, la propiedad no es del Ministro de Economía o del Ministro de Comunicaciones, son propiedad del pueblo y como tal, los ministros y dentro de ellos por supuesto también el presidente de la República, son simplemente mandatarios que administran los bienes del Estado”, detalló Medina.
MARROQUÍN: NEGOCIOS QUE NO FAVORECEN AL PAÍS
Al analista en temas de transparencia y fundador de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, le sorprende que a alturas del siglo 21 todavía se realicen negocios tan obvios a “beneficios de grupos ligados al gobierno con los recursos del Estado”.
Agregó que este tipo de negocios no favorecen en nada al país al tratarse de una concesión con nula competencia, “prácticamente se le está dando a quien se supone que lo pidió; es algo impresentable en cualquier país del mundo”, manifestó.
ESTADO AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS
A la vez, recalcó que las instancias que deben intervenir no frenan este tipo de negocios por lo que se puede declarar que Guatemala tiene un “Estado corrupto que únicamente está al servicio de los funcionarios de turno”.
Anunció que a las acciones legales presentadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), probablemente se sumen otros actores.
Al igual que Medina, Marroquín también recordó el caso del puerto de Santo Tomás en donde según él, trataron de hacer algo similar “sin ninguna licitación”, condenando así al país a la pobreza y al subdesarrollo.
CONSECUENCIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE GT
Desde su perspectiva, Medina considera que, si este tipo de situaciones continúan y permanecen en completa impunidad, ocasionará fuertes consecuencias para el desarrollo económico del país, afectando directamente a la población.
Lo anterior, porque según Medina, desde el 2013 el índice de percepción de corrupción en Guatemala empezó a disminuir en su calificación internacional, provocando inmediatamente, y en especial en este último gobierno, que se aleje la posibilidad de que empresarios extranjeros honestos inviertan en el país.
“Lastimosamente hay una gran oportunidad de inversión extranjera, pero con la modalidad que se está haciendo, prácticamente ningún inversionista va a venir al país”, comentó Marroquín.
DESVENTAJA COMPETITIVA
“Aquellos empresarios que lo que buscan es venir a competir y no recibir beneficios de nadie, no van a venir porque saben que el único camino es hacer negocios con los entes públicos y eso nos coloca en una desventaja competitiva”, explicó Medina.
INCERTIDUMBRE TRIBUTARIA
A Medina como experto en macroeconomía fiscal le preocupa que estos casos también afecten la “moral tributaria”, ya que, si los contribuyentes perciben que los recursos se están manejando con opacidad, “se les quita las ganas de pagar impuestos, lo cual es triste porque es necesario para financiar los programas públicos”, aseveró.
ORTÍZ: SON PROBLEMAS HISTÓRICOS EN GT
Sobre el tema, el consultor en temas jurídicos de la Fundación Libertad y Desarrollo, Édgar Ortíz, puntualizó como primer punto que este tipo de problemas son históricos en Guatemala, empezando por el gobierno de Álvaro Arzú con los “famosos fideicomisos”.
“Se empiezan a usar figuras del derecho comercial que son comunes en los negocios privados para cosas del Estado, como los usufructos, fideicomisos y ahora este tipo de cosas”, agregó.
Según Ortiz, estas acciones se utilizaban bajo el argumento de que es mucho más efectivo recurrir a dichas figuras legales que utilizar una complicada Ley de Contrataciones.
MARCO LEGAL INCIERTO
El segundo problema clave que el abogado observa es lo incierto del marco legal, debido a que no es claro al momento de definir ciertas cuestiones, por lo que puede presentarse como una opción para que el Estado dé usufructos, como en el caso del Puerto Quetzal.
“La Ley de Contrataciones hace poco favor para dejarnos claridad porque dice que las entidades comerciales, cuyas aportaciones mayoritarias sean del Estado, se rigen por Ley de Contrataciones”.
Sin embargo, el punto con mayor incertidumbre para Ortiz es que en el contexto histórico de Ferrovías S.A, el Estado de Guatemala no realizó aportaciones, sino que terminó siendo socio de Ferrovías por un “fallo arbitraje”.
De acuerdo con Ortiz, una empresa estadounidense tenía parte de las acciones de Ferrovías y cuando el presidente Óscar Berger declaró lesivo el contrato de usufructo de unos bienes que se habían dado a dicha empresa, la compañía demandó al país.
Tal demanda se dictó a favor de la empresa de EE. UU., por lo que Guatemala tuvo que pagar una indemnización y una vez ejecutado el pago, la empresa concedió las acciones al Estado, por esta razón el Estado de Guatemala terminó siendo socio de Ferrovías, explicó.
“Técnicamente Guatemala no es socio por aportaciones, sino que quedó de socio por la cuestión arbitraria, obviamente no está muy claro que deba regirse por Ley de Contrataciones, cuando la ley no es clara se pueden hacer muchas interpretaciones y entramos en problemas”, explicó.
ORTIZ: NO HAY JURISPRUDENCIA
Aunque Ortiz sostiene que no existe jurisprudencia en el caso de Ferrovías, recalca que, al tratarse del manejo de recursos públicos, sí están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Indicó que, si se reconociera que el contrato entre Ferrovías S. A. y Remed, S. A. puede hacerse sin regirse a la Ley de Contrataciones, eso no significa que no estén bajo la inspección de la CGC.
“Lo que sí está clarísimo y si hay jurisprudencia al respecto, es que como maneja fondos públicos esta sociedad anónima, pues la Contraloría puede fiscalizar”, aseguró el analista de asuntos jurídicos.
Agregó que, si se llegara a demostrar que fue una licitación inconveniente para el Estado, la CGC puede armar un expediente y abrirlo. De hecho, recordó que en el pasado la Contraloría ha sancionado con multa a personeros de Ferrovías por discrepancias en los gastos.
Otro eje de trabajo consistió en las notificaciones jurídicas para liberar el derecho de la vía férrea. pic.twitter.com/JGvM6WmQY4
— Diario La Hora (@lahoragt) January 14, 2022
ACERCA DEL PROYECTO
El proyecto Ferrocarril Bicentenario es impulsado por el presidente Alejandro Giammattei, quien en su campaña electoral prometió reactivar el ferrocarril.
El primer tramo saldría de Puerto Quetzal, Escuintla a la frontera con México, para una conexión con ese país, Estados Unidos y Canadá, con el fin de apoyar el desarrollo económico del país, según explicó Malouf.
La inversión estimada de Remed para este negocio es de US$700 millones en un periodo de 26 años, lo que genera dudas sobre la viabilidad del proyecto y correspondería a la División Pacífico del país para la habilitación de 235 kilómetros de vía férrea.
Durante el evento para la firma del contrato, Ulloa Rosenberg, representante legal de Ferrovías S.A., aseguró que el proyecto facilitará el intercambio de mercancías y el aumento de las importaciones y exportaciones a través de un medio de transporte seguro, económico.
