El sistema de compras del Estado no refleja mejoras en la calidad de los beneficios que recibe la población, es una de las principales conclusiones de un estudio presentado este martes 25 de octubre por la Fundación Libertad y Desarrollo.
“Las denuncias constantes de corrupción, opacidad, ineficiencia e inefectividad son algunos de los problemas más conocidos asociados con la ejecución del gasto público en Guatemala”, se detalla en el informe: “Propuesta para mejorar el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas”, a cargo de la investigadora Irene Flores.
En este se muestra cómo el actual marco legal y normativo del sistema de compras tiene una serie de debilidades técnicas y operativas que hacen poco eficiente las adquisiciones del Estado.
El más visible es que la modalidad de contratación más utilizada para realizar compras públicas fue la “Compra Directa con oferta electrónica”, que representó un 74% de todos los procesos adjudicados durante el año 2020.
El portal Guatecompras contabilizó 161,667 procesos de contratación pública en ese periodo. La modalidad de compra directa tuvo 92,285 procesos.
“Este mecanismo prevalece para adquirir casi cualquier tipo de insumo, es una modalidad totalmente opuesta a los procesos competitivos ideales, en donde participan varios proveedores y se adjudica al que ofrece el mejor precio y la mejor calidad”, revela el estudio.
Sin embargo, a pesar de que el 2020 fue un año atípico por la pandemia del COVID-19, el estudio muestra que el sistema de compras ha mantenido la misma dinámica en los últimos diez años. Por ejemplo, en el 2014, la modalidad de compra directa representó el 82% del total de procesos realizados.
CONGRESO BUSCA «LEGISLAR» TEMA
El aporte de este estudio, se suma al debate público de distintos sectores de la sociedad civil, debido a que el pasado 6 de octubre se negociaba en el Legislativo la Iniciativa de ley 6141, una propuesta del Organismo Ejecutivo para aprobar una ley de Adquisiciones del Estado que pretende que “las instituciones que manejan fondos del Estado puedan agilizar el uso de recursos económicos para la adquisición de productos necesarios al momento de una emergencia, como los desastres naturales”, de acuerdo con la página oficial del Congreso.
Una de las conclusiones del estudio, de 52 páginas, es que el sistema actual necesita ser replanteado por completo. Debe discutirse una reforma profunda y no “añadir nuevos parches a lo que se tiene en la actualidad”.
MARCO LEGAL: UNA LEY CON MÁS DE DIEZ CAMBIOS
El estudio de la Fundación Libertad y Desarrollo explica que las compras que realiza el gobierno de Guatemala se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), Decreto No. 57-92 y su Reglamento.
Esta es una de las iniciativas que más reformas ha sufrido. Desde 2009 se han presentado 18 iniciativas de ley para modificarla, de las cuales diez han sido aprobadas. La última y más relevante se hizo en el 2015, «como consecuencia de las presiones políticas y ciudadanas para fortalecer la transparencia y reducir la corrupción en las entidades públicas”, cita el documento.
OTROS MODELOS
Una segunda parte del documento examina los sistemas de adquisiciones de países como Chile y Uruguay, que tienen instituciones más sólidas y transparentes en la región, como también se comparan los casos de Colombia, México y Perú, e incluso el modelo de Noruega que ofrece uno de los sistemas más transparentes y con mejor gobernanza en el mundo.
FRACASO DEL SISTEMA
En el panel de conclusiones de la actividad se determinó que es evidente el fracaso operativo del sistema de las entidades públicas. Un fracaso que no obedece a la ignorancia, sino a los incentivos, en donde la medición de resultados, no responde por un cambio de vida en las condiciones de la población, sino más bien a intereses particulares.
Asimismo, señala un panorama complicado puesto que hay instituciones que han sido cooptadas, como la Dirección General de Adquisiciones del Estado y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
RECOMENDACIONES
El estudio aporta un total de 17 recomendaciones para mejorar el sistema nacional de compras públicas en el país.
Estos son algunos de ellos:
Establecer nuevas modalidades de contratación en función al objeto y naturaleza de la compra. Sugiere eliminar el uso en función de montos o importes de contratación.
Establecer el principio de competencia como el criterio más importante para la aplicación de los procesos de contrataciones.
Implementar el uso de estándares internacionales y protocolos de medición en la definición de los atributos de calidad de los productos, bienes, servicios y obras a contratar y metodologías para su aplicación.
Marco legal: establecer el método de evaluación a partir de criterios de valor por dinero y no solamente en función del precio.
Crear la función de comprador público que incluya competencias, especialidades y carrera profesional.
GASTOS SIN CONTROL
Estos días el debate del Presupuesto 2023 pasó a cobrar mayor relevancia, por lo que la Iniciativa de ley 6141, Ley de Adquisiciones del Estado, pasó a segundo plano.
Este proyecto fue visto con alarma entre cámaras empresariales y algunos diputados, pues se conoció que la bancada oficialista Vamos negoció con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) la aprobación de esta normativa, como parte de un paquete que incluye el presupuesto 2023 y la inscripción de Sandra Torres como candidata presidencial, de acuerdo con una nota de Diario La Hora.
Esta normativa, que pasó a segundo debate en sesión ordinaria el pasado 5 de octubre, busca que los recursos del Estado puedan ejecutarse sin mayor control, en pleno año electoral. Tuvo un avance apresurado en la Comisión de Finanzas del Congreso, puesto que fue presentada el 20 de septiembre por el Organismo Ejecutivo y en una sola reunión, dictaminó a favor el 26 de septiembre.
