En una camilla, en los brazos de socorristas o envueltos en sábanas, así ingresaban los heridos al hospital modular de Jocotán, Chiquimula, tras un accidente en la ruta de la aldea Conacaste hacia ese municipio. Fallecieron 18 personas y quedaron alrededor de 8 lesionados, entre ellos tres menores de edad.
El silencio y la mirada perdida de los familiares de las víctimas era evidente en las afueras de la escuela de la comunidad, mientras las autoridades del Ministerio Público (MP) improvisaron una morgue para identificar a los fallecidos de esta comunidad chortí, como lo documentaron las imágenes del canal Santa Elena GT de Chiquimula.
Un hombre de mediana edad que perdió a su esposa, María Argentina López y su hijo, Abel López Ramos, de 13 años, explicó que ambos se dirigían a la cabecera del municipio para cobrar una transferencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) cuya condición era trabajar por varios meses.
Cuenta que su familia salió ese día a las 3:30 de la mañana cuando oyeron el trueno del carro que se fue al barranco. “De Conacaste eran todos, pido ayuda a las autoridades para salir adelante al quedar con una niña de 3 años a cargo”, afirma el padre, quien se dedica a trabajar la tierra.
A su salida del TSE, Jimmy Morales declaró a medios de comunicación que "la anterior Fiscal" dijo que, no tenían nada contra el partido FCN-Nación. Aquí sus declaraciones https://t.co/2cO5aCJuRE
— Diario La Hora (@lahoragt) October 7, 2022
Cuando sucedió el fatal accidente alrededor de las 4:00 horas del 5 de octubre, viajaban en la palangana de un picop aproximadamente 30 personas.
El vehículo era conducido por un joven de 23 años. Se conoció que el conductor puso freno de mano, se bajó del carro y por el peso, el vehículo empezó a retroceder. De acuerdo con las imágenes de un canal denominado “Chiquimula”, un árbol detuvo la caída del auto hacia el fondo del barranco.
Una tragedia en la que se incurre en responsabilidades desde varios ámbitos. En lo individual, con el conductor al sobrecargar el automóvil y la falta de mantenimiento, el gobierno y municipalidades por la carencia de obras viales, un seguro obligatorio contra terceros para proteger a las familias de las víctimas, las dificultades para movilizarse en un medio de transporte seguro, todo esto enmarcado en una comunidad rural que vive en extrema pobreza.
Edgar Guerra, defensor del usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), destaca la necesidad de fortalecer las instituciones, así como una normativa y legislación más contundente para evitar estos dramas que enlutan a decenas de familias.
Un residente de Chiquimula que trabaja en proyectos de inseguridad alimentaria que pide no ser citado, comenta el contexto de esa problemática que durante años atraviesan estos municipios del Corredor Seco.
HASTA 21 ACCIDENTES DIARIOS
La tragedia de los pobladores de Conacaste se suma a los sucesos viales que ocurren en promedio 21 veces diarias en Guatemala y que constituyen la segunda causa de muertes violentas en el país y la primera causa de heridos, de acuerdo con los reportes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.
De enero a julio de 2022, estos tuvieron un leve aumento (1%) respecto del mismo periodo del año anterior. Un total de 4,585 hechos de tránsito, 1,250 fallecidos y 4,929 lesionados, se registraron en ese periodo. El reporte muestra una variación de 2% en las cifras de fallecidos y 3% de lesionados respecto del año anterior.
Las motocicletas protagonizaron el 69.5% de los hechos de tránsito (3,190 casos), el transporte colectivo el 7.2% (331) y el transporte pesado tuvo un 13.2% de casos (605), de acuerdo con el boletín de tránsito de la PNC.
Las cifras de heridos y discapacitados se deben en primer lugar a los accidentes de tránsito, de acuerdo con datos de la Unidad de Víctimas, asociación civil integrada por más de 400 familiares.
GUERRA DE LA PDH RECUERDA RESPONSABILIDADES
Edgar Guerra considera que los constantes accidentes de tránsito constituyen un drama humano al que no se le ha dado la debida importancia en las últimas tres décadas. A pesar de que existe la normativa y la legislación, “hace falta una intervención más contundente de las autoridades”.
En principio, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad a la población. Lo otro es dar cumplimiento a los convenios internacionales, ratificados por Guatemala.
A través de mesas de trabajo, se ha insistido en atender estos hechos que se catalogan ya como violencia vial, al constituirse en la segunda causa de muerte en el país.
Por tal razón, considera urgente el fortalecimiento institucional de las Policías Municipales de Tránsito, a la fecha son 79 autorizadas y hay 40 en solicitud de autorización, sumando alrededor de 300 brigadas de Provial y operan 275 elementos de Policía de Tránsito de la Policía Nacional, son alrededor de 5 mil personas destinadas al control de tránsito en el territorio. Ello para más de 4 millones de vehículos que integran el parque vehicular del país.
Video: Todo Noticias Chiquimula
Cifras con las cuales resulta complejo alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenible 2030, enfocados en reducir el número de víctimas lesionadas de los hechos de tránsito.
Guerra propone cuatro soluciones para mejorar esta problemática. Reforzar la regulación de los picops y medios colectivos de transporte. Segundo, que el conocimiento de educación y legislación vial sea más agresivo y se incluya dentro de los pénsum de estudio en primaria y secundaria. Tercero, vigilar la responsabilidad de los propietarios de vehículos y conductores con el mantenimiento preventivo de los vehículos.
Por último, recuerda la responsabilidad del Estado, tanto de gobiernos locales como de gobierno central al dar el debido mantenimiento de caminos rurales y carreteras. “El incremento de las lluvias y la corrupción en obra de infraestructura, combinado con vehículos en mal estado, hacen una mala combinación. Es necesario que la Contraloría General de Cuentas actúe para vigilar la calidad de la obra pública», concluyó.
POBREZA EXTREMA GOLPEA A COMUNIDADES
“En aldea Conacaste el acceso es muy difícil. No hay trabajo, solo montañas y barrancos. La gente tiene que salir de allí para ganarse la vida. El agua es escasa, pero las condiciones de vida son complicadas. La inseguridad alimentaria es evidente, para alrededor de unas 100 familias residentes, especialmente en los meses de marzo a septiembre”, explica el técnico.
Los casos más recientes son las muertes de Olga Emilia Choz Ulín y Hellen Michelle Mejía Choz, pero qué se sabe de los fallecimientos anteriores. Aquí detalles https://t.co/Bvws9pkOhF
— Diario La Hora (@lahoragt) October 7, 2022
En las aldeas vecinas como Tierra Blanca, Guayabillas y más abajo, Orégano, la situación es similar. La carretera siempre está mala, demasiadas piedras, en la cual se atraviesan al menos cinco quebradas, con el riesgo de que ocurran deslizamientos, especialmente en temporada de lluvia, comenta.
El motivo del viaje era porque las familias se dirigían hacia Jocotán para recibir una transferencia monetaria del PMA y una oenegé de Chiquimula, llamada “Programa Pro resiliencia”, consta de un “casual work” consistente en realizar una serie de trabajos para recibir dinero en efectivo. El monto era de: Q1,413. Esto requería un representante de cada familia. “Por tal motivo, el carro iba topado de gente”.
La distancia de 25 a 30 kilómetros hacia esta aldea requiere atravesar caminos con barrancos en uno de los lados. “La municipalidad repara, pero toda vez llueve, se vuelve a destrozar la ruta”, comenta el técnico.
PMA: TRANSPORTE ES UN RIESGO
Ante los hechos sucedidos, el PMA compartió a La Hora el siguiente pronunciamiento.
Entre las actividades que realiza el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se contempla una relacionada con la construcción de resiliencia. Se trabaja con comunidades vulnerables en la construcción de activos que permitan a las poblaciones mejorar sus medios de vida, explica Alejandro Vidal, vocero de este organismo.
Como parte de las actividades complementarias de este programa y para estimular que la comunidad realice estas actividades, se brindan transferencias en efectivo, las cuales se realizan en momentos específicos del año, cuando por diferentes circunstancias las familias tienen menos recursos para suplir sus necesidades básicas alimentarias.
Exponen que se trasladó una transferencia en mayo para las primeras siembras, y en septiembre una segunda, para apoyar durante el periodo de hambre estacional. “Con el objetivo de estabilizar la economía familiar de cara a la segunda cosecha”.
El PMA es la agencia líder de las Naciones Unidas en asistencia humanitaria, por lo tanto, se asiste a poblaciones en situación de alta vulnerabilidad y condiciones difíciles (comunidades remotas o con difícil acceso, por ejemplo).
“La situación se complica para la institución ya que, si bien se gestiona la asistencia y se tiene un acercamiento con las comunidades, el medio de transporte que utilizan es particular y corre por cuenta de las propias personas. Esto le agrega un elemento más de riesgo al desarrollo de nuestras actividades”, expresaron.
